La Asamblea de Ecuador aprueba su nueva Constitución

  • La Carta permite a Correa ser reelegido, regular la economía y disolver el Congreso

La Asamblea Constituyente ecuatoriana de mayoría oficialista aprobó ayer la nueva Carta Política que será sometida a referéndum y cuyas normas autorizan al presidente Rafael Correa a buscar la reelección, regular la economía y disolver el próximo Congreso.

Tras ocho meses de debate, la Asamblea votó cada uno de los 444 artículos de la Constitución antes de expedir el texto que irá a la consulta el 28 de septiembre.

La oposición se ausentó de las últimas sesiones por su desacuerdo con un marco que a su juicio concentra todos los poderes en el presidente.

"La mala fe ahora dice que se llamó a una Asamblea Constituyente para que haga una Constitución a la medida de Rafael Correa", replicó el gobernante.

La Carta Magna, que será entregada hoy a la corte electoral, permite a Correa postularse por una sola vez a la reelección y disolver el Congreso que resulte elegido en los próximos comicios.

De triunfar el referéndum constitucional, se aplicará un denominado régimen de transición, que establece elecciones anticipadas para enero y que "el presidente y vicepresidente de la República concluirán su período de gobierno el día 24 de mayo de 2013".

Correa, quien impulsa el socialismo del siglo XXI y la nueva Constitución para regular la economía mediante un sistema social y solidario, podrá ser cesado a través de la revocatoria del mandato en una consulta popular.

La nueva Carta Política pretende sepultar el neoliberalismo y acabar con una década de crisis política en Ecuador, en la que tres presidentes han sido derrocados.

Pero el texto redactado ha llevado a la minada oposición a calificarlo de "hiperpresidencialista y totalitario" al sostener que concentra los poderes en el Ejecutivo, que a través de la mayoría oficialista en la Constituyente logró reorganizar la corte electoral y de justicia en la última semana.

La Asamblea destituyó la madrugada de ayer a Andrés León, vocal opositor del Tribunal Supremo Electoral y nombró en su lugar a un aliado del Gobierno.

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