La acusación particular que ejercen los mayoristas de frutas, verduras y hortalizas ha solicitado este martes una condena para varios acusados en el juicio de Mercasevilla al criticar el “traje a medida” que se hizo para que Sando ganase el concurso para hacerse con un derecho de superficie sobre la totalidad de los terrenos del mercado mayorista.

Esta acusación particular ha confirmado su decisión de retirar los cargos contra el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo y contra uno de los empresarios de Sando, aunque la mantiene contra otros tres acusados.

El abogado Miguel Salas, que representa a los mayoristas, ha mostrado su “pleno convencimiento moral de que existía la decisión de transmitir el derecho de opción de compra a Sando sí o sí a cualquier precio”, aunque ha reconocido que “no hay pruebas de cargo directas determinantes de dicha acción pero también es muy complicado en estos delitos”.

En cualquier caso, esta acusación ha insistido en que hay un “conjunto importante de pruebas indiciarias que, valoradas en su conjunto, llevarían a la conclusión de que los hechos sucedieron de esa manera”. Para el letrado, está claro que “hubo una oferta mejor”, la de Noga, pero aquí se hizo “un traje a medida para conseguir lo que ya previamente se tenía decidido y se llevó a cabo de una forma torpe o incluso burda”, ha precisado.

Sobre el ex concejal Gonzalo Crespo, por entonces presidente de Mercasevilla, los mayoristas consideran que “no se ha podido acreditar nada” de su participación en los hechos, otorgándole un papel de “convidado de piedra”. Y con respecto a Antonio Rodrigo Torrijos, ha señalado que si su afirmación de que no quería que la venta se hiciera con criterios especulativos, entonces “no estaba persiguiendo el interés de la compañía, que era obtener el mayor beneficio”.

De otro lado, la acusación particular que ejerce la propia Mercasevilla, ha indicado que Torrijos ha sido “un férreo defensor de cláusula de limitación al alza y de que se adjudicara mediante el concurso antes que la subasta”, pues era conocedor de que el coste del traslado de la unidad alimentaria era superior a 120 millones.

El abogado de Mercasevilla ha puesto de manifiesto asimismo que el "perjuicio" causado a Mercasevilla ha sido tal para la entidad que en 2009 "cesaron los proyectos de traslado de la unidad alimentaria a Majarabique" y ha añadido que de no declararse la nulidad del contacto suscrito tras el concurso "el perjuicio sería aún mayor". Esta acusación reclama una indemnización de 25 millones por los perjuicios causados.