Francisco Serrano ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reincorporación a la carrera judicial como magistrado tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le rehabilita como juez después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenara a diez años de inhabilitación por alterar el turno de custodia de un menor para que asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

En un escrito, Francisco Serrano, que ejerce ahora como abogado en un despacho sevillano, solicita igualmente que se le abonen los salarios dejados de percibir desde que "debió ser rehabilitado como magistrado" -lo que fecha el 28 de agosto de 2013-, más los intereses legales que procedan, "en virtud de lo acordado" en la sentencia del Tribunal Constitucional.

Serrano relata en este escrito, fechado el 14 de noviembre, que fue el 28 de agosto de 2011 cuando "fue separado" de la carrera judicial, tras lo que el 13 de octubre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa, "acordándose asimismo acudir al Gobierno en solicitud de la concesión de indulto parcial para dejar reducida la duración de la pena impuesta a seis meses".

"Desde esa fecha, comencé a cumplir la referida condena de inhabilitación, de lo cual hace ya más de cinco años", señala en este escrito consultado por Europa Press el que fuera juez de Familia número 7 de Sevilla, que añade que seguidamente recurrió la sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo, que elevó la condena a diez años de inhabilitación, "con pérdida definitiva del cargo que ostento", por un delito de prevaricación dolosa.

Serrano recurrió el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional, quien el pasado 26 de octubre anuló la sentencia del Supremo y declaró firme la emitida por el TSJA, la cual "sólo apreciaba una imprudencia grave en mi actuación y fijaba la condena de inhabilitación para el cargo de juez a dos años", por lo que ésta "se entendería cumplida el 28 de agosto de 2013, habiendo transcurrido asimismo el periodo de dos años que exige el artículo 136 del Código Penal para la cancelación de antecedentes penales".

Pena "excesiva y desproporcionada"

El ahora abogado manifiesta que, "en el caso en que sea requerido para ello", aportará certificado de antecedentes penales, "toda vez que ya ha sido solicitada ante el TSJA la correspondiente liquidación de condena, pues como venimos exponiendo, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de dos años ha sido sobradamente cumplida".

Al hilo de ello, Francisco Serrano anuncia que, "en estos días", solicitará el indulto total al Consejo de Ministros "a fin de que remita la pena impuesta, y subsidiariamente, se conmute por pena de multa, o se aminore la pena de inhabilitación impuesta a seis meses", tal y como ya indicaba el propio TSJA en su sentencia de 13 de octubre de 2011, ya que considera que "actuó como debía, y respetando el procedimiento, siendo en todo caso la pena impuesta excesiva y desproporcionada en atención a la gravedad del hecho".

Serrano pide que se abonen los salarios dejados de percibir desde el 28 de agosto de 2013, fecha en que "se cumplió la pena" de dos años de inhabilitación, "todo ello sin perjuicio de lo que resulte sobre la solicitud de indulto total que he anunciado, de modo que habrían de abonárseme los salarios también dejados de percibir en dicho supuesto".

"He obrado con justicia"

Todo ello, además, "sin perjuicio del recurso extraordinario" que formulará ante los "tribunales competentes" de Europa para que se declare nula la sentencia del TSJA "y se anule por tanto cualquier pena impuesta, ya que en conciencia pienso que he obrado en Justicia en los hechos que motivan e inician el procedimiento del que trae causa dicha sentencia".

Tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, el abogado Francisco Serrano mostró su "alegría" por "recuperar la toga" y aseveró que, cuando fue inhabilitado, "era un juez molesto que se atrevió a criticar la ideología de género".

En rueda de prensa, Francisco Serrano lamentó el "calvario y la travesía en el desierto" sufridos durante estos seis años tras ser inhabilitado tres meses después de haberse manifestado "en contra de un determinado concepto ideológico", añadiendo que "nadie en España, ningún juez ni ningún ciudadano, tiene que ser perseguido por razón de pensamiento".

"Mi idea es volver a la carrera judicial, ponerme la toga, rehabilitarme como magistrado y pedir una excedencia", como hizo el juez Javier Gómez de Liaño, adelantó entonces Serrano.