Afederico Trillo le faltó tacto, cercanía, sensibilidad y solidaridad con los familiares de las víctimas, ante la inconmensurable tragedia del Yak 42, que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban a España tras formar parte de misiones profesionales en Afganistán y Kirguistán.

Ahora, 14 años más tarde, aquel grave accidente que fue analizado y juzgado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, le ha costado al ex ministro de Defensa y ex presidente de las Cortes un quiebro en su trayectoria política, el adelanto de su cese como embajador ante el Reino Unido, y dificultades morales para que ocupe la plaza de letrado del Consejo de Estado que ganó por oposición.

Precisamente un dictamen de esa institución es lo que ha provocado que aquel drama volviera al primer plano. Coincide con las sentencias de la Audiencia Nacional, Supremo y Tribunal de DDHH en que se trató de un accidente, provocado por la fatiga de la tripulación, 13 personas que también fallecieron en aquel trágico episodio. Pero el informe del Consejo de Estado añade unos párrafos que han sido mortales de necesidad para Trillo: considera que Defensa tuvo responsabilidad en los hechos al no garantizar la seguridad del avión a pesar de que previamente se habían recibido quejas sobre los vuelos contratados para realizar el regreso a España de los militares destinados en misiones extranjeras, como que tuvo responsabilidad en que la identificación de los restos no se hiciera con el rigor que exigía la situación.

DELITO PENAL

Cuando ocurrió el accidente, se fueron desinflando las acusaciones contra Defensa con informaciones en las que se demostraba que la agencia que contrataba esos vuelos pertenecía a la OTAN, los seguros estaban contratados por la OTAN, eran correctos los informes sobre la profesionalidad de los tripulantes y su estado de salud… pero siempre quedaron pendientes asuntos morales que soliviantaban con razón a las víctimas, sobre todo las relacionadas con la identificación de los restos, que se hicieron en Turquía en condiciones deplorables porque primó la rapidez ante el rigor, hasta el punto de mezclarse restos de diferentes cadáveres en un mismo féretro.

Aparte de que nadie quiso asumir responsabilidades políticas, los tribunales solo culparon a tres militares responsables directamente de la identificación -posteriormente indultados por el Gobierno- y a los familiares se les negó información y documentos que consideraban indispensables para conocer en profundidad qué había ocurrido y qué errores se habían cometido.

Con el informe del Consejo de Estado han llegado las consecuencias políticas que se exigían hace trece años, y la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha tenido con los familiares el gesto de cercanía que no tuvo Trillo. El que fue fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero, Cándido Conde Pumpido, ha recordado que tres instancias judiciales habían coincidido en que Trillo no había cometido ningún delito penal, pero que no lo hubiera cometido no ha salvado al ya ex embajador. Entre otras razones porque el propio Rajoy tomó la decisión de responder con medidas drásticas ante el resurgir de ese caso que ha provocado tantas lágrimas, además de ríos de tinta y muchas horas en los medios de comunicación audiovisuales.

No existe la certeza de que Rajoy conociera el informe del Consejo de Estado que llegó a Moncloa a finales de octubre. Son muchos los informes que se reciben y es posible que en su entorno no advirtieran que en las más de 80 páginas había una decisiva, la que responsabilizaba al Ministerio de Defensa de 2003 de no haber actuado con la suficiente eficacia en la contratación de los vuelos para garantizar su seguridad y en revisar la identificación de los restos.

Diálogos Cruzados

Si bien no existe certeza sobre ese conocimiento del presidente, sí se sabe en cambio que no tenía la menor idea de que el informe había llegado a un medio de comunicación, El País, que lo publicó dándole la relevancia que merecía. Hubo conversación telefónica entre el presidente y la ministra de Defensa, también con Federico Trillo, que ya había pedido su relevo al cumplir el tiempo máximo que se fija a los embajadores diplomáticos -aunque él no lo era-, y María Dolores de Cospedal tomó dos decisiones relevantes: pedir la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso -que los partidos de la oposición pretendían que fuera en pleno- y reunirse con los familiares de las víctimas.

Una reunión que los familiares consideraron de la máxima relevancia pues la ministra, además de tratarles con afecto, les prometió que su departamento elaboraría un informe en profundidad sobre aquellos aspectos que ellos pensaban que merecían ser revisados. Al día siguiente Cospedal declaraba que asumía las conclusiones del informe, pero también tenía palabras de consideración hacia Trillo.

Nadie que conozca el funcionamiento del Gobierno duda que todos y cada uno de los pasos de Cospedal los conocía previamente Rajoy que, evidentemente los apoyaba. Y el primero que era consciente de ello era el propio Trillo, que además había hablado con los dos.

Lo que no se esperaba era que el propio Rajoy declarara que también daba por bueno el informe del Consejo de Estado. Trillo, buen entendedor, a las 6.30 de la tarde del jueves convocaba en Londres, en media hora, a los corresponsales en Londres. La premura indicaba que el mensaje que iba a transmitir era importante, y la mayoría de los que acudieron al edificio de Belgrave Square sospechaban que se les iba a anunciar su dimisión irrevocable. Así fue. Un mensaje leído, muy breve, en el que no se pronunció la palabra Yak.

LA TRASTIENDA

Que la gestión de aquella crisis en el 2003 no fue la adecuada parece que no lo duda nadie, aunque hay que reconocer que los hechos demostraron que no era España el único país de la OTAN que daba por buenas las gestiones de la agencia Namsa para organizar los viajes de los vuelos de los militares que participaban en misiones extranjeros. El accidente del Yak provocó mayor control de la seguridad de esos vuelos, que España se negara a mantener sus contratos con Namsa y que desde entonces fuera una compañía de pasajeros y española, la que se ocuparía de esos traslados.

Pero ha habido también trastienda política, y si el sustituto de Trillo, José Bono, ya fue a degüello contra Trillo a pesar de las decisiones judiciales, conscientes de que entre los militares las decisiones de Trillo habían provocado auténtica indignación, también estos últimos días Bono ha tenido intervenciones en las que insistía en la actitud supuestamente delictiva de su antecesor.

Contaba Trillo cuando dejó Defensa, que el día que tomaba posesión sus sustituto le señaló unas estanterías plagadas de carpetas e informes explicándole que todas ellas estaban relacionadas con el caso Yak y que, sin necesitaba alguna ampliación o explicación, lo tenía a sus disposición. Nunca le llamó Bono, pero resucitó el caso en cuanto pudo, al poco de acceder al ministerio. Ahora asegura que, en aquellos días, se vio forzado a abrir un armario que estaba cerrado con llave, en el que se escondían importantes documentos.

Personas destinadas entonces en el ministerio, poco sospechosas de intentar cubrir las espaldas a Trillo pues pocos en Defensa respaldan sus actuaciones ante el accidente y la repatriación de los restos, afirman que no es creíble que si se trataba de documentos comprometedores, Trillo, o cualquier otra persona que abandona un cargo, los dejara en aquella sede simplemente escondidos en un lugar cerrado con llave.

Total: un Gobierno del PP se solidariza con los familiares de las víctimas del Yak y les promete una investigación interna en profundidad. Y el ministro de Defensa de entonces se ve obligado a un gesto político que le aparta de la primera línea de la política y pone en cuestión su futuro profesional dentro de la institución en la que se ganó un puesto.