El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón y juró su cargo en septiembre de 2014. El miércoles presidió dos actos en Málaga con magistrados y abogados y, previamente, concedió una entrevista a este diario.

-Parece que Pablo Iglesias se vuelve a abrir al PSOE.

-No es un problema de cargos, que el señor Iglesias sea vicepresidente o no, el fondo es la política. Que el PSOE sea capaz de plantearse un acuerdo con un partido como Podemos, que se plantea apoyar el independentismo en Cataluña, que se acerca al entorno de ETA, que en política económica plantea un plan que cuesta 98.000 millones de euros que habrá que pagarlo con impuestos de los trabajadores, y que en regeneración democrática estamos viendo comportamientos dictatoriales de sus amigos en Venezuela o Irán.

-¿Cuál es su feeling personal? ¿Vamos a otras elecciones?

-No sería una buena noticia repetir elecciones porque los políticos no hayamos sido capaces de gestionar los resultados del 20 de diciembre. Podemos tiene una serie de características que hacen inviable un acuerdo con cualquier partido constitucional y democrático. PP, PSOE y Ciudadanos  deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo, porque tenemos elementos comunes.

-¿Cree que Sánchez cederá al final al pacto con el PP?

-Sería lo más razonable. Es lo que sucede en toda Europa. En 17 países de la UE gobiernan coaliciones lideradas por el que gana las elecciones. Aquí nos parece muy raro que haya un presidente del gobierno del PP, con cuatro o cinco ministros del PP, tres o cuatro ministros del PSOE y dos de Ciudadanos. Nos parece muy exótico pero es lo que sucede en toda Europa. ¿Por qué en España no puede pasar también?

-Si hubiera otras elecciones, ¿Rajoy sí o sí en el PP?

-Eso es indiscutible. Rajoy es el presidente del PP, actual presidente del Gobierno, ha sido el líder con el que hemos ganado las elecciones y es un gran activo del PP.

-Hablaba usted de elementos comunes con PSOE y Ciudadanos. Uno de ellos es la lucha antiterrorista. Está claro que ha habido un descontrol en Europa con el yihadismo.

-Así es. El terrorismo yihadista es un fenómeno nuevo que no conocíamos en España. Teníamos a ETA y contra eso supimos luchar. Pero el terrorismo yihadista es desconocido para nosotros.

-Bueno, el 11-M fue en 2004.

-El 11-M, Londres, París, Bruselas... En los consejos de ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea estamos trabajando para tener políticas comunes, porque esto no es un problema de un país. Es verdad que hay que fortalecer la coordinación y la cooperación entre las policías y los servicios de inteligencia. Cuando una persona se inmola es muy difícil de prevenir. La clave no es tanto detener al que quiere cometer el atentado sino en previamente tener identificados a todos aquellos que están cercanos a estos planteamientos radicales. Se ha visto en el caso de Bruselas que ha habido errores y ellos mismos lo han reconocido. 

-¿Esa mejor coordinación será a corto plazo? Los terroristas están matando ya.

-Con Francia tenemos una coordinación magnífica, con Marruecos o con Estados Unidos. Cuando ha habido buena coordinación se consiguen resultados y tenemos que ponerla cuanto antes en práctica. En Bruselas ha habido fallos de coordinación e información y eso no nos puede pasar en Europa en el siglo XXI.

-En España depende de Interior, pero ¿tienen localizados a los yihadistas que estén aquí?

-En el último año hemos detenido a 156 personas. Existe una amenaza pero las fuerzas de seguridad son muy activas.

-Estamos en nivel 4 de alerta. ¿Se subirá?

-Los expertos consideran que en este momento es suficiente el nivel 4 para el riesgo identificado. Hacemos caso a los que saben de esto.

-Centrándonos en su cartera, es desesperante la lentitud de los juzgados. Hay juicios fijados para dentro de varios años.

-Es verdad. Hay una situación anómala y muy diferenciada. Hay muchos asuntos que se resuelven muy bien en unos pocos meses y hay otros que se dilatan años y años. Por ejemplo, en Málaga los juzgados de lo Mercantil están totalmente desbordados y habrá que crear algún juzgado mercantil adicional. En general, hay que crear más juzgados y tener más jueces y en eso estamos. Hay que usar más también la tecnología. Somos un sector muy antiguo, con procedimientos muy burocráticos y eso redunda en que se tarda más. Hemos estudiado que en un procedimiento ordinario, solo en trámites, se tardan 60 días, mientras que con la Administración electrónica son 19 días. También tenemos que mejorar las leyes. Son muy antiguas y muy garantistas, con muchos niveles de recursos sucesivos. Tienes una sentencia, luego puedes ir a la Audiencia, al TSJA, al Supremo...  Hay que revisar eso y hacer una justicia más propia del siglo XXI. Por otra parte hay que fortalecer los sistemas de mediación, arbitraje y conciliación para en vez de tener ocho millones de asuntos en la Justicia poder tener seis millones. En definitiva, es una suma de todo. Mejores leyes, más medios materiales y personales, y desjudicializar temas que no tienen tanta relevancia. 

-¿Se plantean limitar el número de recursos?

-El 80% de las sentencias que se dictan en primera instancia son confirmadas en la segunda instancia. Ponemos en marcha toda una maquinaria de recursos y costes para que al final solo dos de cada diez asuntos se revisen. La Justicia funciona bien, lo que se dice en primera instancia es una sentencia de calidad, de jueces profesionales con todas las garantías, pero nuestro sistema procesal quizá tiene un exceso de garantías y fases procesales que dilatan mucho los tiempos.

-Un ejemplo claro de la ralentización de la Justicia es el caso Malaya. Se cumplen ahora 10 años desde que se produjo la primera detención y hay condenados que acaban de entrar en prisión.

-Las macrocausas son una garantía de dilación de los tiempos. Hemos reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal el año pasado para romper ese concepto de las macrocausas. Hemos establecido por ley que un delito sea una causa y una sentencia. Y si hay 15 delitos habrá 15 causas, no una causa con todo porque se ha demostrado que eso no se puede gestionar. Confío en que esto ayude a agilizar y a que las sentencias estén más cercanas a los hechos y no tan alejadas como ahora.

-¿Qué pasará con Julián Muñoz?

-Es un tema de tratamiento penitenciario y están estudiando las circunstancias. Estoy seguro de que con toda objetividad se le aplicará el hecho que le corresponda.

-Se dijo que se quiso ser ejemplarizante en el caso de Isabel Pantoja. ¿Qué cree usted?

-Es el funcionamiento normal de las instituciones. Hay un juez profesional que ha tomado una decisión. Todo es un sistema objetivo, no es capricho de nadie.

-En la calle se suele decir que le cae más pena de cárcel al que roba 500 euros que al que roba 50 millones.

-No es cierto. Las condenas son proporcionadas y progresivas en función del daño causado. Si alguien piensa eso no está fundado. A veces hay prejuicios y se anticipan las sentencias. La opinión pública muchas veces da por supuesto que alguien es culpable porque se ve clarísimo que ha cometido alguna actividad y todo eso hay que probarlo y acreditarlo. Hay cosas que salen en medios de comunicación que cuando se someten a un juicio finalmente no hay prueba y el juez no condena.

-¿Ha recibido el Ministerio alguna presión de la Casa Real por el caso Nóos?

-Ninguna. Le aseguro además que sería infructuosa porque el Ministerio no puede llamar a un juez o un fiscal a decirle haz esto o haz aquello. Es inimaginable.

-Pero los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial y éste de los políticos.

-Pero esas dos conexiones no son tan ciertas como se da por supuesto. Un juez de instrucción, por ejemplo, de Estepona no tiene nada que ver con el CGPJ. No es verdad que los jueces en el día a día tengan algo que ver con el CGPJ. Un vocal del Consejo no le va a decir a un juez lo que tiene que hacer en absoluto. Luego los vocales también actúan con absoluta independencia. No hay un vocal del Consejo al que le llame el ministro de Justicia y le diga lo que tiene que hacer. Se ha generado una imagen de que la justicia está politizada y es absolutamente incierto. El CGPJ, para empezar, no es justicia. La justicia la imparten los jueces. El Consejo es la administración de la justicia. 

-Una de sus medidas ha sido acabar con el paseíllo mediático de los detenidos.

-En ocasiones hemos vivido casos que se han violentado el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, con una cierta sobre exposición de personas que luego han resultado absueltas.  Hay un derecho a la información, pero no es un derecho absoluto. Hay que hacerlo compatible con otros derechos y esas penas de telediario generan daño al prestigio de las personas.

-Interior sacó la conocida como Ley Mordaza y fue muy criticada. ¿Qué opina usted?

-Nos sentimos muy satisfechos de esa ley. Más allá de las críticas, lleva en vigor unos cuantos meses y no conozco ningún caso en el que haya habido una denuncia de mal funcionamiento de la nueva ley. Estoy muy de acuerdo con una ley que reprime comportamientos incívicos.  España es una democracia y tenemos garantizados nuestros derechos.  Cuando alguien va a una manifestación y lo que quiere es acabar con un pasamontañas puesto, tirando piedras a los escaparates y quemando contenedores, a esa persona hay que detenerla. Porque no ha ido a manifestarse sino a crear altercados.

-Por último, las asociaciones de familiares de supuestos bebés robados, con muchas denuncias en Andalucía, sellaron un acuerdo con su antecesor para relanzar la investigación. No hay avances.

-Hemos seguido investigando, tenemos una comisión con jueces, fiscales, expertos en genética, pero es verdad que son casos muy complicados de investigar por el tiempo transcurrido y la falta de información. Yo me comprometí en el Senado a seguir trabajando y es lo que hemos hecho. Hemos designado a un fiscal especialista. Entendemos la sensibilidad social que hay y nuestra mejor disposición. No es un tema cerrado ni olvidado.