Los jueces investigarán los bienes de De Juana

  • El Gobierno buscará "todas las fórmulas" para evitar que viva cerca de víctimas de ETA al salir de prisión en agosto

La Fiscalía de la Audiencia Nacional promoverá en los próximos días el inicio de una investigación sobre los bienes y fondos de los que dispone el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos con objeto de analizar si es posible realizar un embargo para compensar económicamente a los familiares de sus víctimas, a los que adeuda 8 millones de euros, según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, informaron ayer fuentes fiscales.

Además de esta cantidad, De Juana debe pagar 12.000 euros de indemnización a cada una de las personas mencionadas en sus artículos El Escudo y Gallizo, publicados en el periódico Gara y que dieron origen a su último procesamiento por amenazas en virtud del cual cumple tres años de prisión.

Así, el Ministerio Público solicitará a la Audiencia Nacional que inicie las pesquisas pertinentes para averiguar si el etarra -que quedará en libertad el próximo 2 de agosto- dispone de propiedades a su nombre o de ingresos económicos que puedan ser destinados al pago de la responsabilidad civil a la que ha sido condenado desde que fuera detenido en un pliso franco del comando Madrid en 1987.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que el Gabinete socialista estudiará "todas las posibilidades legales" para evitar que De Juana viva junto a víctimas del terrorismo cuando salga en agosto de prisión. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el centro penitenciario Madrid VII en Estremera (Madrid), Rubalcaba reconoció que le desagrada la posibilidad de que De Juana pueda encontrarse con alguna víctima del terrorismo en su futura residencia en San Sebastián. "Vamos a buscar todas las fórmulas para evitarlo", anunció el ministro, que destacó no obstante que desconoce si existen resquicios legales para esta medida. El titular de Interior recordó que De Juana fue condenado con el Código Penal anterior de 1994, que no establecía limitación alguna al derecho de residencia, algo que sí está contemplado actualmente en el Código Penal. "Con la legislación actual, un caso como el de De Juana no se podría producir", subrayó Rubalcaba.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el Ejecutivo "está dispuesto" a hablar con el resto de fuerzas políticas para buscar una opción que "evite" que un terrorista como José Ignacio de Juana pueda vivir cerca de sus víctimas.

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dijo ayer que no sabe donde va a vivir De Juana Chaos cuando salga de la cárcel aunque recalcó que ya ha cumplido su deuda con la sociedad.

Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto, teme que personas del entorno de uno de los condenados por asesinar a su marido, Kandido Azpiazu, se hagan hoy con la propiedad del negocio del ex etarra, ubicado bajo el domicilio de la víctima y que sale a subasta por orden de la Audiencia Nacional.

Azpiazu, uno de los dos condenados por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto, abrió en 2005 una cristalería en un local situado bajo el domicilio de Pilar Elías en la localidad guipuzcoana de Azkoitia, lo que abrió un debate político sobre la necesidad del alejamiento en las condenas por terrorismo.

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