El hasta este miércoles fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado intimidaciones a los fiscales anticorrupción y ha asegurado que "lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos".

López Bernal, en declaraciones a la Cadena SER, ha denunciado intimidaciones a él y a otros compañeros suyos que, pese a haberse denunciado y puesto en conocimiento de las instancias oportunas, no se investigan.

"La situación es grave. Esto tiene que cambiar", ha dicho el fiscal, quien ha advertido de que si estas cosas siguen pasando y las investigaciones no prosperan, "en pocos años nos podemos encontrar con que nadie quiera luchar contra la corrupción".

Aunque ha insistido en que las intimidaciones a los fiscales anticorrupción no son exclusivas de Murcia y ha dicho que hay "cierta desprotección" en general, López Bernal ha concretado que, en su caso, se le han presentado querellas, rechazadas de plano por el Tribunal Supremo, por cortar unos pinos hace 32 años con el único fin de desprestigiarle.

También ha recordado que recientemente un fiscal y un inspector de Hacienda que trabajaban en la lucha contra la corrupción sufrieron robos en sus domicilios, y ha destacado que en el caso del fiscal no se llevaron nada de valor, solo el ordenador, dejando así "su tarjeta de visita".

"No se nos ha hecho la vida especialmente agradable", ha subrayado.

No ha querido vincular su relevo, acordado por el Fiscal General del Estado, con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez -"hay muchos otros investigados", ha dicho- y se ha mostrado convencido de que el fiscal que le sustituye seguirá investigando eficazmente la corrupción en la comunidad.

Ante esto, Catalá, ha respondido que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos.

Así se ha expresado el ministro antes de participar en un desayuno sobre el cumplimiento normativo en las empresas celebrado en el Club Financiero Génova, al fiscal superior de Murcia que fue quien solicitó la imputación del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio. "Si ha tenido problemas para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", ha indicado.

Catalá, que ha descartado que exista ningún tipo de purga, ha pedido que no se dé una imagen "tan negativa" de los nombramientos que se van a dar en la cúpula fiscal en las próximas fechas y que se conocieron anoche tras la reunión del Consejo Fiscal sobre este asunto, ya que a su juicio, "no es razonable" decir que los cambios son "impropios" del Ministerio Público.

"Todavía no conozco la propuesta de nombramientos pero estoy seguro que las personas que hayan podido ser propuestas para sustituir a las que hasta ahora ejercían sus funciones son todos ellos fiscales de absoluta cualificación, de absoluta capacidad y que desempeñan sus funciones con total profesionalidad", ha dicho el ministro, que ha apelado a la autonomía por la que se rige la Fiscalía de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Entre los cambios producidos destaca la designación del fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción -cuya jefatura está vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre-, y la propuesta de Jesús Alonso para fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo que supone el relevo del actual responsable, Javier Zaragoza, que llevaba en el cargo dos mandatos.

"Hay un número de cambios muy reducido en términos cuantitativos, por lo tanto me parece que dar esa imagen no corresponde cuantitativamente con la realidad, Hay un grandísimo número que continúa con sus responsabilidades y los cambios que se producen están dentro del espíritu del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que los puestos se puedan renovar cada cuatro años y esas son las reglas del juego", ha respondido el ministro.