Las dos principales asociaciones de familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yakovlev-42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, solicitaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que el ex presidente del Gobierno José María Aznar testifique en el juicio que investiga los fallos en la identificación de 30 de los soldados fallecidos. A juicio de ambas asociaciones, la comparecencia como testigo de Aznar se justifica tanto en que era el jefe del Ejecutivo en aquel momento, como en que "dio las órdenes pertinentes" para el traslado de los cuerpos y la celebración del funeral de Estado el 28 de mayo.

La representación legal de las dos principales asociaciones de familiares de las víctimas del siniestro aéreo, que entregó ayer los escritos al titular del Juzgado de Instrucción número 3, solicitan también la comparecencia como testigos de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. La del primero se justifica porque dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente, y la del segundo, porque fue el que ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación e identificación de los cuerpos de los militares, explicaron los abogados.

En cuanto a José María Aznar, los letrados justifican su testificación, en primer lugar, porque en aquel momento "era el presidente y dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003", tan sólo dos días después de que el Yak se estrellara en Turquía. A juicio de la defensa, el Ejecutivo del PP pecó de apresuramiento en todo lo que tuvo que ver con el peor siniestro aéreo del Ejército en tiempos de paz.

Al igual que el escrito de la Fiscalía, que fue presentado la semana pasada, los familiares dirigen su acusación contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, así como contra los dos oficiales médicos que redactaron los informes de la necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Para los tres piden seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y una multa 60.000 euros para Navarro y de 48.000 para Ramírez y Sáez, además de indemnizaciones de 25.000 euros para esposas, compañeras, padres e hijos y de 6.000 euros para los hermanos.

La pena que solicitan las asociaciones de familiares supera en un año a la que pidió para los tres altos mandos el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, mientras que en el apartado de indemnizaciones suman los 6.000 euros para los hermanos de los fallecidos a las indemnizaciones que solicitó el Ministerio Público. Como prueba documental solicitan, entre otras, las diligencias realizadas durante la investigación y como pericial los testimonios del forense Juan Miguel Monje, médico de la Audiencia Nacional que intervino en los trabajos de identificación de 21 cadáveres no incinerados. Entre el casi un centenar de testigos que solicitan las dos principales asociaciones de víctimas también están el teniente general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor de Tierra; el teniente general Eduardo González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; y el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación.

Al respecto de la nueva petición de comparecencia, el presidente del Congreso, José Bono, se limitó a decir que ha dicho ya "todo lo que tenía que decir" y "donde tenía que decirlo".