La consulta soberanista costaría más de cinco millones de euros

  • El Gobierno de Vitoria habilita una partida para financiar el proyecto del Parlamento vasco aunque el de Madrid le advierte que acabará ahorrándoselo

Más de cinco millones de euros para financiar una consulta que no sabe todavía si podrá celebrar. El Gobierno vasco habilitó ayer una partida de 5.133.237 euros para financiar su ley de consulta popular, según anunció la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, que también señaló que el tripartito de Ibarretxe ya ha remitido a 20.000 personas la documentación de su campaña informativa sobre la consulta.

La vicelehendakari informó de la partida económica destinada a la consulta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico y señaló que esos 5.133.237 euros se obtendrán mediante una disposición de crédito procedente de las disponibilidades presupuestarias de los distintos departamentos, al no existir en los presupuestos generales de este año una partida destinada a este objetivo. "Un mecanismo habitual" para financiar actuaciones para las que no existen partidas en los presupuestos, apuntó Zenarrutzabeitia.

Los más de cinco millones de presupuesto atienden a los artículos de contenido económico recogidos en la ley de consulta aprobada el pasado 27 de junio en el Parlamento vasco. Este texto prevé 2.421.000 euros en el capítulo de gastos de personal y de funcionamientos de la Administración y otros 2.412.237 euros para subvenciones electorales a partidos políticos, federaciones o coaliciones electorales con representación en el Parlamento vasco. Además, la fabricación y distribución de toda la documentación electoral está dotada con 300.000 euros. Para realizar el seguimiento contable del gasto se creará un subprograma de la Dirección de Procesos Electorales, denominado Consulta Popular.

En su comparecencia, la vicelehendakari no aclaró cuando se publicará la ley de consulta en el boletín oficial del País Vasco, y se limitó a señalar que se hará "cuando corresponda".

Pocos minutos después de que el tripartito vasco diera a conocer la millonaria dotación para su consulta, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, auguró de forma tajante que Ibarretxe y su Gabinete se van a ahorrar mucho dinero porque "la consulta no se va a celebrar".

La izquierda abertzale también tiene un futuro muy negro. La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que es la encargada de las demandas de ilegalización instadas contra PCTV y ANV, podría habilitar el mes de agosto con el fin de tener tiempo suficiente para concluir el proceso antes de septiembre y eliminar así las trabas que un eventual retraso en la resolución de este asunto podrían causar de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente, Francisco Hernando, encabeza también el alto tribunal y la citada Sala especial.

Así lo apunto ayer el propio Hernando, durante una rueda de prensa convocada para presentar la Memoria del Tribunal Supremo correspondiente a 2007.

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