El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió ayer a su buen conocimiento del Estatut, en cuya redacción final participó "de manera personal", para negar que el Gobierno haya incumplido esta ley orgánica, tal y como le acusa incluso el PSC de José Montilla. Zapatero se mostró convencido de que se cerrará un acuerdo sobre la renovación del modelo de financiación autonómica mediante un pacto con la Generalitat y el resto de gobiernos autonómicos. Según él, existe consenso sobre los principios básicos y la necesidad de superar el acuerdo firmado en 2001 entre PP y CiU. Su convicción es que todas las CCAA mejorarán su situación. "Esto es irrefutable", proclamó.

Para justificar que el Gobierno ha cumplido su parte en el Estatut, situó la pelota en el tejado de la Generalitat, porque "cuando hay un acuerdo intervienen dos voluntades" y el Ejecutivo "cumplió su compromiso al presentar una propuesta para el acuerdo que depende de dos partes". "Y en este también hay 17 partes porque la reforma del modelo de financiación autonómica tiene una parte bilateral y otra multilateral", apostilló.

Zapatero subrayó que el Estatut lleva dos años en vigor y que en este tiempo se ha aplicado una buena parte de sus disposiciones y en especial la que consideró más importante: La garantía de las inversiones en infraestructuras durante los próximos siete años. "Este es el esfuerzo mayor de financiación que comprometía el Estatuto; es una cuestión central que estamos cumpliendo escrupulosamente", insistió Zapatero.

En lugar de responder a las críticas recibidas por parte de dirigentes del PSC, el presidente afirmó que su misión es "buscar consensos con ideas y compromisos" y subrayó que la reforma del sistema debe servir para "mejorar la educación y la sanidad, mantener el principio de solidaridad y fraguar un gran acuerdo". Para ello recordó que se parte del consenso acerca de la necesidad de la reforma y de que "nadie está ante la expectativa de que puede empeorar", aunque reconoció que será un debate que "lleva su tiempo" porque cada comunidad defiende sus intereses, mientras que al Gobierno le corresponde "buscar el equilibrio general, la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y el reconocimiento de algunas situaciones". El Estado mantendrá al menos el 50% de los recursos públicos para cumplir los compromisos adquiridos en los nuevos estatutos y garantizar el gasto social.

El jefe del Ejecutivo también quiso desligar la reforma de la financiación autonómica del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado por el diferente alcance temporal de cada una de esas leyes. "Cada grupo parlamentario es libre de utilizar la estrategia que considere oportuna, pero cada cosa debe tener su momento", dijo.

En cuanto a la posibilidad de que solicite la comparecencia a petición propia para explicar las negociaciones sobre la financiación autonómica ante las peticiones formuladas a la Diputación Permanente del Congreso por el PP y otros grupos parlamentarios, Zapatero se refugió en su disponibilidad para dar la cara en la Cámara Baja siempre que se le reclame y siempre que sea útil "al objetivo que todo el mundo desea, que es llegar a un acuerdo razonable de la financiación autonómica, un asunto que necesita de muchísima tarea de diálogo y de una actitud global constructiva que es la que el Gobierno debe pedir", zanjó.