La UE incluye a ANV y al PCTV en su lista de organizaciones terroristas

  • La revisión se ha hecho a raíz de las sentencias de ilegalización dictadas por el Tribunal Supremo · El Congreso rechaza la moción de Rosa Díez, apoyada por el PP, de disolver 40 ayuntamientos de ANV

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La UE incluyó ayer en la lista terrorista europea a los partidos políticos Acción Nacionalista Vasca (ANV/EAE) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK), además de a un grupo de trece etarras, entre ellos Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki.

La revisión se ha realizado de forma extraordinaria a propuesta de los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores.

La mayoría de los etarras incluidos en la terna están relacionados con el entramado internacional de ETA, pero entre ellos también se encuentran los últimos "jefes" del aparato militar detenidos en Francia. Txeroki, que se había convertido en los últimos años en el principal objetivo de las fuerzas de seguridad y que fue arrestado el pasado 17 de noviembre, se une a la lista junto a su supuesto sustituto Aiztol Iriondo, detenido el día 8 también en el país galo.

Otros etarras que aparecen en la lista son Jurdan Martitegi, huido tras la desarticulación del comando Vizcaya, y el que fue parlamentario vasco de la suspendida Batasuna José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

También están Juan María Olano Olano y José Ignacio Reta de Frutos, miembros de ETA-Gestoras pro Amnistía-Askatasuna.

La revisión de estas listas se hace cada seis meses, pero en este caso se ha modificado de forma extraordinaria, a petición del Gobierno de España, a raíz de las sentencias de ilegalización de ANV y PCTV. En la última actualización, realizada el 15 julio de 2008, aparecía ETA con las siguientes organizaciones: KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro Amnistía, Askatasuna y Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna.

Los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores se han encargado de elaborar y presentar el listado que contiene a los dos partidos declarados ilegales por el Tribunal Supremo en sentencias de la Sala Especial del artículo 61, de 22 de septiembre de 2008. En concreto, el pasado 30 de octubre, ambos Ministerios instaron la modificación de la lista que se ha aprobado ahora.

Mientras tanto, arrecia la polémica sobre la necesidad de proceder a disolver los 40 ayuntamientos vascos y navarros en manos de ANV. En este sentido, el pleno del Congreso escenificó ayer por primera vez en esta legislatura un distanciamiento en el consenso político en materia de lucha antiterrorista, ya que el PP se alió con Rosa Díez en su propuesta de disolver los ayuntamientos de la formación abertzale, lo que llevó al PSOE a acusar de deslealtad al Grupo Popular.

La diputada de UPyD subió a la tribuna a defender una moción, enmendada y respaldada por el PP, para usar la ley "de manera recta y sin atajos" con el fin de que el Gobierno ponga en marcha "de inmediato" todos los instrumentos del Estado de Derecho que permitan desalojar a ANV de los 42 ayuntamientos en los que gobierna. Durante el debate, los portavoces de los distintos grupos alertaron del riesgo de que se mermara o incluso se resquebrajara el consenso que en materia de lucha contra ETA ha regido durante esta legislatura.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que finalmente se llegara a un acuerdo y la moción fue finalmente rechazada con el voto contrario de PSOE, PNV, CiU y ERC-IU-ICV.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, adujo motivos éticos, políticos, jurídicos "y de todo orden" para defender la disolución de estos consistorios y se cuestionó si existen razones electorales para no apoyar esta iniciativa contra ANV.

Más duro fue el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, quien se dirigió a los diputados del PP para preguntarles "¿qué está pasando estos días para que sean tan desleales?".

Al tiempo, representantes de varias asociaciones de víctimas del terrorismo se mostraron ayer a favor de conseguir la disolución de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna ANV, hecho que han calificado como un "escarnio" y una "anormalidad" dentro de un sistema democrático.

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