El 30 de enero (30-E) será la fecha que marque el giro en la deriva catalana. Las escenas de violencia han vuelto a Barcelona, pero esta vez protagonizada por manifestantes independentistas en contra de una decisión de un independentista: Roger Torrent, presidente del Parlamento. Pero ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil fueron los protagonistas, sino los Mossos, cuyos agentes tuvieron que intervenir ante el intento de asalto a la Cámara catalana por parte de los más exaltados. Todo se produjo horas después de que Torrent se plantara ante las atribuladas aventuras de Carles Puigdemont. El presidente de la Cámara suspendió el pleno de su investidura, previsto para las 15:00 horas, ante la advertencia del Constitucional sobre su ilegalidad. Por primera vez desde la huida a Bruselas, el bloque independentista ha mostrado sus fisuras sobre la estrategia de quien fuese el presidente de la Generalitat. Ni la CUP ni Juntos por Cataluña (JxC) respaldan la decisión de Torrent, que es miembro de ERC; las acusaciones de traición volvieron a escucharse en las cercanías del Parlamento, y un grupo de personas, convocadas por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), rompió los candados del parque de la Ciudadela y accedió a las inmediaciones del edificio.

Agentes de los Mossos tuvieron que golpear a algunos de los manifestantes para que no tomasen la Cámara. Una mujer resultó herida en una de las avalanchas y hay una persona detenida. Los llamados comités de defensa de la república convocaron una acampada en el parque donde se encuentra el Parlamento después de que se produjese el intento de toma del edificio.

Roger Torrent no comunicó su decisión ni a la CUP ni a JxC, y tampoco logró hablar con el fugado de Bruselas, lo que aumentó el malestar entre los aliados. Poco antes de las 10 de la mañana, antes de que se reuniese la Mesa, Torrent convocó a los medios de comunicación para explicar que el pleno se posponía. Tuvo cuidado de matizar que no se trataba de una suspensión, sino de un retraso, pero eso no sirvió de nada al resto de los partidos independentistas. Torrent intentó hablar con Puigdemont, le llamó hasta cinco veces por teléfono, pero no consiguió que se pusiese. Desde su partido se quejan de que el presidente del Parlamento no tenía voluntad de hablar con Puigdemont, ya que había otros medios para comunicarse.ERC y Roger Torrent decidieron la suspensión después de que no lograse de Puigdemont ni de JxC algunas certezas de cómo iba a transcurrir el pleno. Los republicanos desconocían el contenido del discurso del candidato, su programa de Gobierno, el diseño y nombres de su Ejecutivo y si Puigdemont estaría en Barcelona. El candidato necesita los votos de ERC para salir elegido, ya que sólo juntos y con el apoyo de la CUP cuentan con mayoría en la Cámara.

Aunque Torrent aseguró que el pleno se suspende para garantizar la inmunidad de Puigdemont y hasta conocer la decisión final del Constitucional, lo cierto es que el presidente ha paralizado la posible elección ante las advertencias de ilegalidad por parte de este tribunal. Los magistrados redactaron un auto el sábado pasado en el que advertían de que la elección de Puigdemont sería ilegal mientras éste permaneciese fuera del Parlamento y sin atender al llamamiento del juez Pablo Llanera, instructor del caso de rebelión en el Supremo. Es decir, que hay que cumplir dos requisitos: la presencia y la declaración judicial. El Constitucional pospuso la admisión a trámite de la suspensión del pleno que solicitaba el Gobierno, ya que su doctrina no atiende a casos con carácter preventivo y el sábado no se podía certificar si Puigdemont asistiría al Parlamento. Pero ante ello, los jueces optaron por emitir este auto de carácter inédito, que se ha relevado como un auténtico freno a la deriva de Puigdemont. La decisión final del Constitucional no cambiará su opinión de fondo; es decir, la elección seguirá siendo ilegal en estas condiciones.

La suspensión del pleno de investidura deja en el limbo al Parlamento catalán

Y eso es lo que ERC quiere evitar en esta legislatura. Se mantiene en la vía de la independencia, pero desea que haya un Gobierno efectivo al frente de la Generalitat que permita levantar la intervención del artículo 155. El pleno de Puigdemont no llevaba a ningún puerto, su nombramiento sería impugnado y habría obligado a otros parlamentarios, incluido Torrent, a incurrir en ilegalidades. Esta es una de las claves para comprender lo sucedido, ERC se despide de este tipo de proceso. La votación de Puigdemont también suponía un problema para los parlamentarios de JxC que están bajo libertad provisional del juez Llanera, caso de los ex consejeros Rull y Turull, que se habían comprometido a no incurrir en más ilegalidades.

El intento de asalto al Parlamento pasará factura a los investigados en el Supremo

Los hechos violentos vividos en el parque de la Ciudadela suponen un problema añadido para los encarcelados y los investigados, ya que el acto había sido convocado por la ANC, de la que fue presidente Jordi Sánchez, en prisión todavía. Una vez que se suspendió el pleno, la ANC mantuvo la convocatoria y sólo cuando se produjo la primera invasión del parque horas después y las primeras cargas se desligó, argumentando que esta organización no respaldaba hechos violentos. Esto no favorecerá en nada la defensa de los encausados en el Supremo, a quienes se acusa de organizar concentraciones donde el posible uso de la fuerza se ejercía como coerción. La ANC quiso presionar a ERC hasta que se les fue la mano del fuego que la misma a organización había prendido. Los parlamentarios quedaron encerrados en el Parlamento, y tuvieron que salir escoltados por los Mossos. Los diputados de Ciudadanos se negaron a salir por puertas traseras y sólo lo hicieron hasta que se les aseguró su seguridad. Tanto la ANC como Omnium se afanó en llamar a la calma una vez que se produjeron estos hechos.

Los ex presidentes de la ANC y de Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, siguen encarcelados porque el juez Pablo Llanera duda de su voluntad para no reincidir en los delitos de rebelión y sedición, y los hechos de este martes abundan en esta dirección. Lo mismo le ocurre a Oriol Junqueras, aunque su partido, ERC, parece que se ha decantado por la vía de la legalidad.

La decisión de Torrent deja en el limbo al Parlamento catalán. El Estatuto marca que la primera elección del candidato a presidir la Generalitat se debe producir a los 10 días de la apertura del Parlamento tras unas elecciones, pero ese plazo acaba este miércoles. Una vez producida la primera votación, se abre otro plazo de dos meses para proponer a otros candidatos. Si no hubiese presidente en ese tiempo, se convocarían elecciones autonómicas de nuevo. No hay consenso sobre si el plazo ha comenzado a correr o no, y ahora deben ser los letrados de la Cámara quienes deciden cómo se sale de ese atolladero. En cualquier caso, cabe recordar que es Mariano Rajoy quien conserva la potestad de actuar en Cataluña mientras no haya un presidente en la Generalitat.