El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado al etarra Alberto Viedma Morillas y ordena al titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, que reabra la investigación que archivó en 2004 para determinar si éste sufrió torturas durante su detención. En su sentencia, el Constitucional señala que la investigación se cerró cuando todavía había "sospechas razonables" de que Viedma Morillas, condenado a 60 años de cárcel por los asesinatos del subteniente del Ejército Francisco Casanova y del concejal de UPN Tomás Caballero, hubiera sufrido torturas después de de ser arrestado en febrero de 2002 en Pamplona.

La Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia por torturas que el etarra presentó tras ser detenido el 28 de febrero de 2002 no fue investigada por el Juzgado de una forma realmente "eficaz".

La sentencia, que cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Jorge Rodríguez Zapata que está totalmente de acuerdo con la actitud judicial, destaca que aunque la investigación judicial "se emprendió con prontitud", cuando se decretó su archivo "persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarlas".

En su demanda de amparo, el etarra alegaba que con el archivo de la investigación, se vulneraron sus derechos a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, ya que el juez no practicó todas las diligencias "relevantes" para determinar si hubo o no torturas. Viedma Morillas ya denunció los hechos en abril de 2002.

En su escrito, el etarra denunció que tras su detención fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Pamplona donde sufrió golpes en la cabeza, la nuca, el estómago y los testículos y además aseguró que en las dependencias del Instituto Armado en Madrid tuvo que soportar "presiones psicológicas, insultos, humillaciones y amenazas".