La senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá asegura no recordar con exactitud cómo hizo llegar al grupo popular del Ayuntamiento un talón de 1.000 euros de donativo para la financiación de la campaña electoral de 2015. Así lo asegura en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga un presunto caso de blanqueo en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, según publica El País.

En el escrito, de once páginas, su defensa señala que es cierto que Barberá aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña electoral a las elecciones municipales de 2015, mediante un talón bancario de su cuenta corriente en Bankia. "La mecánica empleada sería, pues no se recuerda con exactitud, hacer llegar al Grupo Popular por servicio interno el referido talón, para que se procediera a su cobro. Como consecuencia fue abonada en la cuenta corriente del GP, designada a tal efecto", según el texto dirigido al juzgado por su letrada, Rita Corbín Barberá.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), este escrito no ha sido presentado ante el propio juzgado pero es posible que se haya entregado ante el Registro Único de Entrada, una vía habitual para la presentación de documentos. En el escrito, según El País, la senadora asegura que no se le devolvió dicha cantidad (en dos billetes de 500 euros). Según explica, ella no formó parte del comité de campaña y su única misión -como candidata que era- era captar votos, lo que absorbía "el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las suyas sino del comité de campaña". Además tenía el "ingente quehacer" derivado de su cargo como alcaldesa.

La ex alcaldesa apela al comité de campaña para señalar la responsabilidad de financiar las actividades, cuyo coordinador general era Alfonso Novo, uno de los nueve concejales investigados por blanqueo. En el escrito, con fecha de este viernes, se refiere al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, a su esposa, María José Alcón, y a unas conversaciones de ésta sobre la existencia de dinero negro. "Jamás se produjo ningún amaño en adjudicación alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones a terceros, en definitiva, eso que se ha calificado de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante", afirma la representante de Barberá.

El juez del caso Imelsa, dentro del cual se sigue la operación Taula, ofreció a Barberá el pasado 14 de marzo declarar voluntariamente antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. El caso Imelsa consta de una pieza principal, con 115 investigados por cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas y que sigue bajo secreto hasta el 14 de abril, y una pieza separada por blanqueo, con 48 personas imputadas más el PP, sobre la que se alzó el secreto de sumario el 14 de marzo. Precisamente, esta última pieza, en la que están imputados nueve de los diez ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha llevado a la dirección nacional del partido a abrirles expediente informativo -al igual que a la ex alcaldesa Rita Barberá-, y a la dirección regional a reclamarles que dejen el acta de concejales.