Todos los juristas propuestos por las comunidades autónomas entre los que tiene que elegir el Senado para proceder a la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional son idóneos, según el dictamen de las comunidades autónomas.

De los 23 candidatos presentados por los diecisiete parlamentos autonómicos, los servicios jurídicos de la Cámara Alta y los grupos parlamentarios expresaron dudas sobre la idoneidad de cuatro de ellos, Enrique López, Juan Carlos Campos Moreno, Fernando Valdés y José Luis Aurteneche, y sobre los que el Senado solicitó que se les remitiera un informe a cerca de si cumplían los requisitos solicitados legalmente, entre otros, si los que procedían de la carrera judicial cumplían quince años efectivos de trabajo como jueces.

Desde los grupos progresistas se interesó especialmente si el anterior portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el juez Enrique López, había cumplido ese plazo dado que había permanecido muchos años en "comisión de servicios" y había discrepancias sobre cómo computar este tiempo. Era el último cartucho con el que contaban para impedir su candidatura. Su nombre, y el del ex presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, fueron los únicos que los grupos parlamentarios del PP de las asambleas autonómicas enviaron al Senado, en muchos casos en candidaturas conjuntas que también fueron votadas por los socialistas. En sus respuestas, los Parlamentos autonómicos han defendido la idoneidad de sus candidatos con la misma correlación de fuerzas con que los presentaron inicialmente.

Tras este trámite, ya no habría ningún problema para que los grupos parlamentarios iniciaran el debate sobre la elección de los nuevos magistrados del TC que han de sustituir a los cuatro salientes, tres de los cuales pertenecen al sector conservador y uno, la propia presidenta, María Emilia Casas, al progresista, lo que modificará el equilibrio de fuerzas existente en la actualidad y dará mayoría a estos últimos, dado que con la actual correlación de fuerzas en el Senado, socialistas y populares propondrán a dos magistrados cada uno.

Sin embargo, ninguno de los dos grupos parecen muy interesados en abrir este melón dado que para la elección de los nuevos magistrados es necesaria una mayoría de tres quintos, lo que obliga al consenso entre ambos. Ante la imposibilidad de lograr el acuerdo, el presidente del Senado tomó la decisión "administrativa" de alargar el proceso por la vía de pedir los informes de idoneidad. Pero ahora se ha llegado al final, por lo que la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta podría empezar a realizar un trabajo que en este momento está abocado al fracaso. Y el presidente del Senado, Javier Rojo, ya manifestó que no abriría el proceso de renovación del TC "para fracasar".

Los socialistas no están dispuestos de ninguna manera a aprobar la elección de Francisco José Hernando y de Enrique López que fueron la cabeza visible de la oposición judicial al Gobierno en la anterior legislatura, mientras que los populares no quieren que la renovación se produzca antes de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Cataluña. Si ahora se produjera la renovación del TC se retrasaría la sentencia por cuanto los nuevos magistrados tendrían que empezar a tomar conocimiento de ese recurso.

Para los socialistas, el PP ha vulnerado el espíritu de la ley al presentar sólo dos candidatos sin dar posibilidades de elegir, mientras que fuentes populares del Senado subrayan que tras haber presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Reglamento del Senado -que permitía la participación de los parlamentos autonómicos en el proceso de renovación del TC- y que fue rechazado, el PP "se han imbuido de la nueva filosofía" y consideran que sería un desprestigio para la Cámara Alta que no se aprobaran sus candidatos "por razones ideológicas", después de que son los que tienen más legitimidad" porque han sido propuestos por una mayoría de parlamentos autonómicos.

Subrayan las mismas fuentes que los socialistas abrieron la caja de Pandora sin prever las consecuencias que podrían derivarse de una iniciativa que aprobaron sin contar con el PP. También hacen valer el acuerdo alcanzado con los socialistas en el que se estableció que ninguno de los dos partidos pondría vetos.

Ante este callejón sin salida la solución que apuntan es que este asunto se desbloquee "por quienes tienen capacidad para ello: Rajoy y Zapatero".

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