El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó ayer oficialmente la Fiscalía bruselense.

Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre contra los cinco ex miembros del cesado Gobierno de la Generalitat de Cataluña.  La cita es a las 13:00 horas GMT y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía.

Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas. Entre las restricciones a la libertad concedida se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de estar bien comunicadas al juez instructor.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch señaló que se propuso la libertad condicional porque "para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad".

"Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración", añadió. Preguntada por posibles presiones del Gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho ex consellers en España, Van Wymersch aseguró que existe "total independencia del poder judicial" y que el juez actuó "con total independencia".

Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los ex consellers para hablar con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas. "Las medidas restrictivas son las que son, no hay restricción para mantener contacto con nadie ni llevar a cabo actividades de cualquier tipo", añadió la portavoz, al confirmar que Puigdemont puede hacer campaña electoral desde Bruselas si lo desea para las autonómicas del 21 de diciembre.

El ex president y los cuatro ex consellers rechazaron ante el juez de instrucción su entrega a las autoridades españolas que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros.

Si el próximo 17 de noviembre el juez de primera instancia -tendrá un plazo máximo de 24 horas para emitir sentencia- decide la entrega de Puigdemont y los ex consellers a España y estos lo rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.

Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse algunos más por motivos excepcionales, señalaron fuentes de la Fiscalía. El president depuesto prosigue su cruzada contra la Justicia española. En un artículo publicado ayer en el diario británico The Guardian, denuncia una "brutal ofensiva judicial" para criminalizar a políticos catalanes por sus "ideas". El Estado español, escribe, "ha cometido una brutal ofensiva judicial para provocar el encarcelamiento en masa y la criminalización de candidatos que promovían unas ideas políticas que, hace solo dos años, obtuvieron niveles históricamente altos de apoyo público", en las elecciones autonómicas catalanas de 2015.

Puigdemont agrega en su texto que estos políticos hoy encarcelados ganaron esos comicios con un programa donde "explícitamente" se hablaba de declarar la independencia.