Podemos pide suprimir las tasas judiciales a ONG y pymes, pero no a las grandes empresas

  • El Gobierno del PP suprimió las cuantías para las personas físicas. Con la proposición presentada en el Congreso por el grupo parlamentario morado, se pretende ampliar la lista de beneficiarios.

El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una proposición de Ley en la que reclama la supresión de las tasas judiciales para las ONG y las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero aboga por mantener las cuantías para las grandes empresas. La iniciativa, impulsada por los diputados de En Comú Podem Jaume Moya y Podemos Victoria Rosell, será debatida ante el Pleno de la Cámara, y tiene altas probabilidades de salir adelante, toda vez que PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU reivindicaron durante la pasada campaña electoral la supresión total de las tasas judiciales para las pymes y las ONG.

Con la derogación parcial impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se suprimió el pago para acceder a la Justicia por parte de personas físicas, por lo que, tal y como recalcó el ministro, actualmente "ningún ciudadano español tiene que pagar ninguna tasa judicial para el acceso a la Justicia". Sin embargo, esa derogación no incluyó a las pequeñas y medianas empresas y a las ONG, que tienen que seguir pagando tasas judiciales si quieren acceder a la Justicia, ni tampoco a las grandes empresas.

En la exposición de motivos, Podemos señala que las pymes se ven "obligadas a satisfacer las cuantiosas tasas judiciales como requisito para acceder a la justicia, lo que provoca que en muchos casos, y aún más en el contexto de crisis económica, no puedan acceder a la tutela judicial". La situación es aún más grave con las ONG, asegura la proposición, ya que estas entidades quedan debilitadas a la hora de actuar frente a la vulneración de los derechos constitucionales. De esta forma, Podemos propone la derogación de las tasas con el fin de "restaurar el principio de tutela judicial efectiva y de eliminar barreras económicas que coarten el acceso a la justicia".

Ahora bien, el grupo parlamentario sí que "considera adecuado mantener la fórmula del copago en la justicia para las grandes empresas", aquellas que tienen una gran capacidad económica, y que vienen identificadas como tal según la legislación del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, añade, debe evitarse a toda costa que esta tasa acabe siendo repercutida a la ciudadanía e, inclusive, sea contabilizada como gasto, desgravada fiscalmente, y después recuperada de la parte contraria vía tasación de costas.

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