El PP exige la comparecencia de Moratinos y acusa al Gobierno de filtrar asuntos de seguridad nacional

  • Zapatero niega conocer los documentos sobre los vuelos de la CIA.

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La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno del PSOE de "hacer filtraciones de asuntos que se refieren a la seguridad nacional" por las informaciones aparecidas sobre la autorización del ex presidente José María Aznar a EEUU para que utilizara aeropuertos españoles para que la CIA trasladara presos a Guantánamo (Cuba). Además, los populares pedirán la comparecencia del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, porque estos hechos se han producido, a su entender, "de manera muy importante" con el actual Gobierno socialista. Por su parte, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a decir que "por supuesto" no sabía de la existencia de esos documentos.

Según las informaciones publicadas por 'El País', el Gobierno de José María Aznar aceptó "en menos de 24 horas" la petición de Estados Unidos de utilizar aeropuertos españoles para que la CIA los empleara como escala para sus vuelos en los que transportaba presos a la base militar de Guantánamo. Las mismas informaciones apuntan que el Gobierno del PP buscó "aeropuertos discretos", esto es, las bases de Morón y Rota, además de que diseñó una táctica por si los periodistas llegasen a tener conocimiento de los vuelos.

Preguntada por estas informaciones, la número dos del PP, en rueda de prensa tras la reunión del comité de Dirección del partido, criticó al Gobierno de Zapatero por "hacer filtraciones de asuntos que se refieren a la seguridad nacional", algo que "no pasa en ningún país avanzado". Según De Cospedal, esas supuestas filtraciones son "una tremenda irresponsabilidad" y "una tremenda falta de fiabilidad" por parte del Gobierno. "Lo primero que tendríamos que tener bien claro es un país que vele por su seguridad es que un gobierno con responsabilidad y que sea fiable no se dedica a hacer filtraciones acerca de asuntos que afectan a la seguridad nacional", proclamó.

Por todo ello, avanzó que el PP va a solicitar la comparecencia en la Cámara Baja de Moratinos para que informe "de todo lo que sabe de este asunto en vez de realizar filtraciones", dado que dichos vuelos se produjeron "también de una manera muy importante con el Gobierno actual". Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que el Goierno tiene "mucho interés porque siga esa sombra" de la guerra de Iraq, porque "sale habitualmente en determinados momentos en que desde ciertas instancias, especialmente del Gobierno, no interesa hablar de otros temas". 

El presidente del Gobierno, preguntado por si conocía dichos documentos hechos públicos por 'El País' tras su participación en el Consejo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), se mostró más bien escueto: "No, por supuesto". También Moratinos se limitó a contestar con un "no" a esta pregunta, aunque explicó que el Ejecutivo va a "investigar todos los documentos de los que cuando llegamos al Gobierno no teníamos constancia y no hemos tenido constancia hasta que han sido publicados". Además, defendió que el Ejecutivo del PSOE "ha actuado siempre con plena transparencia" y voluntad de ayudar a la Justicia.

En este sentido, fuentes diplomáticas informaron de que el jefe de la Diplomacia española ha decidido crear en su departamento una comisión de investigación que, como indicó, dilucide si puede haber más documentos que el Gobierno desconociese. De esta comisión, formarán parte los directores de los gabinetes del ministro, Agustín Santos, del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Sell, y de la subsecretaria del Ministerio, Felipe de la Morena, junto al asesor parlamentario del ministro, Álvaro Alvacete, y un representante del Servicio de Abogacía de Exteriores.

Los resultados de dicha investigación serán elevados a la Audiencia Nacional, informaron las mismas fuentes, que creen que los documentos desvelados "parecen indicar que en su momento se tomaron decisiones sobre unas autorizaciones que no son conformes con los Derechos Humanos". La comisión tratará de concluir sus trabajos en el plazo "más breve posible", aunque no existe "una fecha límite".

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