La petición de Canarias de tener una policía autonómica en las islas ha obtenido como respuesta un rotundo rechazo desde Interior, que podría hacerse extensivo a otras comunidades que, como la balear o la gallega, ya han dado los primeros pasos para crear un cuerpo de estas características.

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró el pasado 24 de junio que el Estado no financiará esos cuerpos, sino que los recursos se gastarán en "más policías y guardias civiles, con mejores medios".

En España existen tres cuerpos autonómicos: el más antiguo -se hizo oficial en 1729, aunque se remonta a 1690- son los Mossos d'Esquadra; la Policía Foral de Navarra, creada como cuerpo de policía de carreteras en 1928; y, la más reciente, la Ertzaintza, nacida en 1982.

No obstante, y aunque cada policía autonómica ha aumentado sus competencias a medida que se desplegaba en su territorio, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen efectivos, en mayor o menor medida, en estas comunidades.

El proceso de reformas de los estatutos de autonomía han avivado en algunas regiones sus aspiraciones de contar con cuerpos propios de seguridad pública.

Canarias es, a día de hoy, la comunidad más beligerante, demandando al Estado que financie una policía autonómica similar a la Foral -complementaria y no sustitutiva de las Fuerzas de Seguridad del Estado, alega-.

Interior, en todo caso, no tiene intención de permitir pasos adelante y el pasado 1 de julio anunció que formulará un requerimiento al Gobierno insular para que modifique "algunos aspectos" de la ley de Policía de Canarias que "invaden competencias" estatales.

Baleares contempla en su nuevo Estatuto la creación de un cuerpo autonómico, y el Ejecutivo de las islas ha expresado su voluntad de llevarlo adelante dando ya los primeros pasos, como redactar un anteproyecto de ley que se concluirá antes de final de 2008.

La Conselleria de Interior está preparando el resto de normativa jurídica que desarrollará la ley básica de esta policía, y organiza las obras necesarias para las sedes de este cuerpo, puesto que su voluntad es que la primera promoción de agentes propios esté en la calle en 2011.

El Parlamento de Galicia aprobó el pasado año la Ley de Policía de Galicia, que necesita del posterior desarrollo normativo que permita su despliegue en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en coordinación con las policías locales.

La Xunta -que estima que la primera fase de su despliegue culminará en 2012- afirma que una vez aprobada la Ley de Policía de Galicia habrá que llegar a acuerdos "para un total entendimiento" que permita su puesta en marcha con "absoluto respeto al marco competencial y a los principios de colaboración, coordinación y reciprocidad" con el Estado.

Murcia, aunque estudia también la posibilidad de tener su propia policía, de momento no tiene una postura rotunda; sí ha desarrollado el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2006-2016 con el que prevé que tras el verano haya 628 agentes pertenecientes a la denominada Unidad de Seguridad Ciudadana, similar a las BESCAM de Madrid.

Las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma madrileña se crearon en 2004, por iniciativa -y financiación- del gobierno regional, con un convenio con los municipios en los que se despliegan dichas brigadas, al mando de sus respectivos alcaldes.

Madrid recalca que aunque se implique presupuestariamente, ello no significa que sea un nuevo modelo policial, ni que aspiren a más competencias para la región. Lo que sí reclama a Interior es la adscripción de 3.000 policías y 1.000 guardias civiles para garantizar la seguridad en lugares públicos como los diferentes transportes (ahora custodiados por vigilantes de seguridad).

Otras comunidades cuyos estatutos sí recogen la posibilidad de crear un cuerpo policial propio -es el caso de Andalucía, Castilla y León o Aragón- no tienen esta medida como prioridad. Sí abogan, en todo caso, por aumentar los efectivos de sus unidades adscritas de Policía Nacional o por reforzar sus plantillas de agentes locales.

Tampoco lo contemplan como una posibilidad ni a medio ni a largo plazo Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja o Extremadura.