El Gobierno ha renunciado a aprobar de momento la rebaja general anunciada del 20 por ciento en los aranceles de notarios y registradores, además de otra adicional del 35 por ciento para las operaciones que no se tramiten por internet, que aumentaría hasta el 70 por ciento a partir de julio de 2009.

Así se lo comunicó ayer a estos colectivos el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, según informa en un comunicado este departamento, que añade que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha justificado esta decisión por la actual situación de crisis económica.

Pérez se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo del Notariado, José Marqueño, al que ha explicado las razones que han llevado al Ministerio a la suspensión de la rebaja del arancel de notarios y registradores.

Según Justicia, Pérez ha señalado que la situación económica actual es muy distinta a la del pasado 14 de agosto, cuando el Gobierno aprobó el Acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas en el que se incluían un proyecto de Real Decreto sobre la rebaja arancelaria.

Así, "en un escenario económico tan distinto y para no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y los registros, se ha decidido suspender la parte del Acuerdo del 14 de agosto referida a la rebaja arancelaria", añade el comunicado de Justicia.

El Ministerio afirma que sí se aprobará la parte relativa a un nuevo modelo de seguridad jurídica preventiva con el objetivo de evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores, reforzar los mecanismos de supervisión de la actividad de los fedatarios públicos y de los registradores y facilitar la información de los datos registrales y catastrales.

Las protestas de notarios y registradores por la rebaja de aranceles habían sido continuas desde que se anunció la medida.

Ayer mismo, la Federación de Asociaciones de Notarios de España (Fedane), que agrupa a todas las Asociaciones Patronales de Notarios de España, expresó su "malestar" y aseguró que la reducción de aranceles "podría desestabilizar el equilibrio y la paz laboral" de sus despachos, "que dan trabajo a cerca de 40.000 personas, todas ellas de alta cualificación profesional y probada eficacia".