El Gobierno aprueba la doble nacionalidad para los sefardíes

  • El Ejecutivo asegura que España acogerá a un número "importante" de sefardíes que viven en países donde tienen dificultades para que sea reconocido su derecho a la libertad religiosa.

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El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código Civil para conceder la nacionalidad española, compatible con la de su país de origen, a todos los sefardíes que lo pidan y acrediten tal condición. La reforma que permite esta doble nacionalidad ha sido acometida mediante la modificación de los artículos 21 y 23 del Código Civil después de que el Consejo de Ministros tramitara el pasado 7 de febrero el correspondiente anteproyecto. En su presentación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que con esta iniciativa culmina la reparación de "uno de los errores más importantes" en la historia de España: la expulsión de los judíos en 1492. 

Los ciudadanos sefardíes pueden adquirir en la actualidad la nacionalidad española por carta de naturaleza o después de llevar dos años residiendo en España, lo mismo que ocurre con los nacionales de Latinoamérica, Portugal y Filipinas. Según el Ministerio de Justicia, la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza quedaba al arbitrio de los respectivos gobiernos al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se valoraba las excepcionales circunstancias de su vinculación con España. 

La reforma establece ahora unos criterios objetivos para acreditar esas circunstancias excepcionales que concurren de por sí en los sefardíes, aun cuando no tengan residencia legal en España. Entre los medios para acreditar la condición de sefardí figura la posibilidad de presentar un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, del presidente de la comunidad judía donde resida o de la autoridad rabínica correspondiente. También se podrá verificar por el idioma familiar, la partida de nacimiento o el certificado matrimonial según las tradiciones de Castilla. 

Otro medio de prueba es la inclusión del peticionario o su ascendencia en las listas de familias sefardíes protegidas por España a que hace referencia el decreto-ley de 29 de diciembre de 1948 y el real decreto de 20 de diciembre de 1924, o por consanguinidad del solicitante con una persona incluida en esas listas. Se acreditará también como motivo la realización de estudios de historia y cultura españolas, así como actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas. La especial vinculación con España exigirá la superación de una prueba de evaluación de la lengua y cultura española del Instituto Cervantes, según Justicia. 

Un notario levantará acta de notoriedad de la especial vinculación con España, aunque la concesión o denegación de la nacionalidad corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. La concesión de la nacionalidad deberá ser inscrita en el Registro Civil en el plazo de un año. La solicitud se presentará en castellano en la plataforma electrónica que se habilitará para ello y a través de la que el interesado deberá abonar la tasa que ha sido fijada por Justicia después de estudiar los costes que supone el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española. La cuantía, que es de 75 euros, es sustancialmente más reducida que la de países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania o Países Bajos, según ha asegurado el Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. 

España acogerá a un número "importante" de sefardíes con dificultad en su país

España acogerá a un número "limitado" pero "importante" de sefardíes que viven en países donde tienen dificultades para que sea reconocido su derecho a la libertad religiosa y a los que el pasaporte español les permitirá "optar por una vida distinta posiblemente en España". Así lo aseguraba el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, en una entrevista reciente en la que afirmaba que esta cuestión le consta que se ha valorado mucho. 

A pesar del gran interés que ha suscitado el proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad a judíos sefardíes, Justicia considera que habrá "un número considerable" de sefardíes que adquirirán la nacionalidad pero no con la intención de retornar y vivir en España. "Cuando se toma una decisión de estas características, también se valora la repercusión que luego va a tener en la realidad práctica, pero no todos los judíos que tengan origen sefardí o vinculaciones con España necesariamente van a solicitar la nacionalidad porque eso depende de la voluntad de cada uno", apuntaba Llorente. "Hay que tener en cuenta que habrá un número considerable que serán también españoles de doble nacionalidad pero que seguirán en EEUU o Israel o en los países donde ya están establecidos con su familia", añadía. 

Para Llorente, los sefardíes que formalicen su solicitud serán aquellos "que quieren tener ese reconocimiento moral y la posibilidad de tener la nacionalidad española que a lo mejor no la van a ejercer de hecho", pero que "la tienen de derecho". En todo caso, espera que los sefardíes vengan a España, aunque sea a pasar temporadas. Además, sobre el hecho de que los sefardíes no tengan que renunciar a su nacionalidad de origen para obtener la española, Llorente puntualizaba que esta ha sido una de las cuestiones que más ha costado encajar en esta ley, pero que era imprescindible porque si no fuera así, muchos de ellos no la solicitarían. 

A partir de la entrada en vigor de la ley habrá un cambio de planteamiento, pues no será una concesión graciosa sino que se configurará "como un derecho como consecuencia de una reparación de una injusticia histórica": la expulsión de los judíos de España en 1492. Aunque consideran "prácticamente imposible" hacer una estimación de cuántos judíos sefardíes hay en el mundo que se podrían beneficiar de la ley española, Llorente sí se atreve a decir que son cientos de miles. En cualquier caso, apunta que dentro de poco se sabrá con más exactitud, cuando se empiecen a presentar las solicitudes, la mayoría de las cuales, dice, se canalizarán a través de los consulados. 

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