Entre leones

Gestión sin mando en plaza

  • La Junta se queda sin capacidad de resolución en el Guadalquivir. Una iniciativa popular sobre hipotecas llega al Congreso. ZP elogia las becas del Santander. CiU, PNV e IU critican al PP por usar las actas de ETA

ZP y el Santander

En la comparecencia del pasado miércoles del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados, varios portavoces parlamentarios se refirieron a la reunión que mantuvo en el Palacio de La Moncloa con la nata y crema del empresariado español. En una de las réplicas, el líder socialista contestó: "Nadie de los que han intervenido criticando esa reunión con los empresarios, a la que voy a dedicar dos minutos, ha recordado que uno de los objetivos fundamentales fue que el Gobierno pidió a las grandes empresas de este país -a los cuarenta principales, como alguno ha dicho aquí, al Íbex 35+5- un compromiso de responsabilidad social con los jóvenes con más dificultades de cualificación para poner en marcha un programa que vamos a hacer y que vamos a arrancar de 30.000 becas inicialmente para que esos jóvenes puedan mejorar su formación y su empleabilidad". Los aplausos de la bancada socialista dejaron paso a los rumores en los escaños populares cuando agregó: "La primera empresa que se comprometió -ya que ha sido tan mencionada hoy aquí- a poner en marcha 2.000 becas con carácter inmediato para jóvenes en favor de la empleabilidad fue el Banco de Santander en esa reunión. Simplemente, quiero recordarlo porque he oído muchas interpretaciones que me resultan muy chocantes. Ojalá podamos tener la capacidad de reconocer, prescindiendo de cualquier otra consideración, que tenemos en nuestro país empresas que afortunadamente son empresas líderes en muchos sectores en el mundo".

Hipotecas

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por ocho entidades catalanas para modificar la ley y hacer posible que la devolución de la vivienda salde la deuda hipotecaria llegó esta semana al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria. Los líderes de los sindicatos UGT y CCOO en Cataluña, Josep María Álvarez y Joan Carles Gallego, fueron los encargados de llevar físicamente el texto de la ILP al registro del Congreso, tras posar para una foto a las puertas del edificio junto al resto de entidades implicadas en el proyecto. Esta iniciativa pide la modificación de la ley para hacer de la dación en pago la fórmula preferente para dar respuesta a las ejecuciones de hipotecas por falta de pago por parte de miles de familias que en su día suscribieron créditos "de buena fe" con entidades bancarias y que, debido a la crisis, se han visto incapacitadas para asumir estos pagos.

Los españoles

En la comparecencia del Consejo Europeo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, que apoyó las 16 medidas aprobadas en el Consejo Europeo pero que volvió a culpar al Gobierno de la crisis, proclamó que "el euro fue nuestro reto y nuestro éxito". "Es una parte de nuestra historia de la que nos sentimos muy orgullosos", agregó. E insistió en que el Gobierno de José María Aznar puso "todo el empeño, pese a todas las dificultades heredadas", para que España estuviera en la "hora inaugural" del euro. "Con el esfuerzo y la ayuda de todos los españoles pudimos lograrlo", lo arregló.

Faisán y los ERE

Más allá del Consejo Europeo y la iniciativa popular, la jornada parlamentaria del miércoles estuvo marcada por el uso del PP del caso Faisán y del caso de los ERE para socavar al Gobierno. El primero de ellos vivió un nuevo rifirrafe entre el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el diputado popular Ignacio Gil Lázaro a propósito de las actas de las conversaciones de ETA y el Gobierno en la penúltima tregua. Lo más novedoso de este caso, que va camino de los juzgados de Irún al estar quedando en una simple revelación de secreto, se produjo en los pasillos. Los portavoces de CiU, PNV e IU criticaron al PP por estar poniendo en peligro la unidad política en torno al pacto antiterrorista. En cuanto a los ERE, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, desvió una de las dos preguntas de los diputados andaluces del PP hacia el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Nada nuevo excepto que el popular Rafael Merino, que se empleó de nuevo a fondo, pidió también la dimisión de Rubalcaba y del propio Caamaño.

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