La Asociación de Familiares del Yak 42 ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la imputación, en el caso sobre la contratación del avión, del ex ministro de Defensa Federico Trillo, al que atribuye los delitos de homicidio, malversación de caudal público y falsedad documental.

En su escrito de 58 páginas presentado ante la Audiencia Nacional, los familiares de los militares fallecidos solicitan la imputación también de la mayoría de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y del Aire (JEMA), Luis Alejandre y Eduardo González-Gallarza, y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Así lo han anunciado los representantes legales y Pacho González, presidente de esta asociación, que representa a las familias de más de 40 de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003.

En su opinión, "hay indicios suficientes de culpabilidad" para imputar a distintos mandos de la cúpula militar y política, y "ya es hora de depurar responsabilidades".

El pasado 22 de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Grande-Marlaska reabrir esta parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42.

Esta es la primera vez que la Asociación de familiares de las víctimas del Yak pide la imputación directa de Trillo en esta causa y se produce cuando están a punto de cumplirse los cinco años del siniestro aéreo.

Tras criticar la lentitud de proceso, González ha dicho que "ya es hora de que se actúe y se depuren responsabilidades", sobre todo cuando "ya se sabe que los mandos políticos y militares ya conocían las quejas sobre la contratación del avión" y "no hicieron nada".

El representante legal de esta asociación, Leopoldo Gay, ha aclarado que en sus peticiones no se habla de acusaciones sino de imputaciones, y ha concretado que Trillo "puede ser un delincuente porque ha podido cometer delitos".

En su escrito, la Asociación atribuye a Trillo y al resto de los señalados los delitos de comisión por omisión con resultado de muerte (homicidio), malversación de caudal público y falsedad documental.

En este sentido ha asegurado que existen "hechos objetivos", entre ellos ha indicado que el Ministerio de Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército, en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes.

Todo ello, según Leopoldo Gay, "lo conocía la cúpula militar y casi con toda seguridad lo conocía el ministro" Trillo.

La Asociación también pide al juez Grande-Marlaska la imputación del general José Antonio Beltrán, que dirigía el Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), y de otros cuatro oficiales del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

Se da la circunstancia de que el general Beltrán también ha sido imputado en la otra parte de la causa abierta en la Audiencia Nacional, la relativa a la identificación de los cadáveres.

Entre las diligencias que propone la Asociación a Grande-Marlaska figura la citación en calidad de testigo del actual JEMAD, general Félix Sanz, y de la diputada Carmen Sánchez, que formuló una pregunta en el Congreso sobre la seguridad de los vuelos militares días antes del siniestro del Yak.

También propone la investigación de distintos vuelos y los informes de los otros 41 contratos realizados con Nansa, agencia de la OTAN, y las compañías aéreas implicadas.