Aprincipios del presente mes, ETA asesinó en Azpeitia (Guipúzcoa) a Ignacio Uria. Tras una legislatura pasada marcada por el desencuentro en política antiterrorista entre el Gobierno y el PP, las fuerzas democráticas habían logrado en el arranque de ésta recomponer la unidad de acción frente a ETA.

El atentado contra el empresario vasco sirvió para que el Grupo Popular del Congreso presentara de inmediato una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a expulsar a ANV -que no condenó el asesinato- de los 42 ayuntamientos que gobierna en el País Vasco.

Sin entrar en valorar el fondo de la cuestión, que contiene un debate legal profundo que no es baladí, con esta iniciativa, el PP pecó de oportunismo político y dañó la unidad que ayudó a recomponer meses antes. Y rompió de nuevo una regla de oro asumida nuevamente por todos los grupos parlamentarios: el Gobierno debe tener siempre la iniciativa en la lucha contra ETA.

Las dudas sembradas sobre el principal protagonista a través de la PNL popular han dado pie a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya sido capaz de insinuar que el Gobierno está a las puertas de nueva negociación con ETA. Y han servido también para minimizar el acercamiento de una decena de presos desvinculados de la banda terrorista vasca a cárceles cercanas al País Vasco, una medida que ya utilizó en su día el Gobierno de Aznar y que puede servir para debilitar al colectivo de presos vascos.

Aunque el trámite parlamentario habitual amortiguará la inoportunidad de la PNL del PP al quedar ésta para el nuevo periodo de sesiones -es decir, no se verá hasta el próximo mes de enero-, el PP se dejó llevar ayer por una moción anterior a la suya presentada por la diputada de UPyD Rosa Díez -no era la primera vez que le tomó la iniciativa-, quien, por muy indignada que se mostrara en la tribuna del Congreso con un discurso visceral muy efectista y populista, exhibió sobre todo oportunismo.

Y un electoralismo que forzó a Federico Trillo, portavoz del Grupo Popular, a construir, en forma de enmienda, un discurso más propio de un partido que está más preocupado por la competencia electoral que supone Rosa Díez de cara a los comicios europeos que de recordar y cumplir el reciente compromiso adquirido por su líder ante el presidente del Gobierno para sacar el terrorismo del debate político parlamentario. Dicen que fue un pacto entre caballeros en el sofá de Moncloa que ni siquiera puede adquirir la categoría de papel mojado.

Al final, la moción de UPyD, con la enmienda que presentó el PP y que aceptó Díez, no prosperó por la oposición del PSOE, CiU, ERC-IU-ICV y PNV y la abstención de dos diputados del Grupo Mixto. Los socialistas no lograron colocar una enmienda de compromiso que ponía el acento en la necesidad de una reforma legal "para que las personas provenientes de cualquier formación política ilegalizada no puedan gobernar en ninguna institución democrática". UPyD y el PP sí lograron que la unidad democrática saliera malparada en un día como el de ayer en el que la Guardia Civil detuvo a otros cuatro presuntos etarras, asestando un nuevo golpe a la banda terrorista vasca, y en el que además el Parlamento europeo incluyó a ANV y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en su lista de organizaciones terroristas.