La Audiencia Nacional investigará la represión de marzo en el Tíbet

  • El juez acusa a dos ministros y otros cinco altos cargos de delitos de lesa humanidad que podrían haber causado 203 muertos y 1.000 heridos graves

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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, aceptó ayer una denuncia del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa para investigar la represión que China aplicó el pasado marzo en el Tíbet y que, según los querellantes, podría haber causado "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".

Dos ministros y cinco altos cargos serán investigados por delitos de lesa humanidad en esta causa, que no estará vinculada a la que lleva a cabo el juez Ismael Moreno por el genocidio en el Tíbet a partir de 1950.

En un auto notificado ayer, Pedraz imputa en esta causa al actual ministro de Defensa de China, Lian Guanglie; al ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; al secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; al miembro activo del Politburó en Pekín Wang Lequan; al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; al general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lahsa); y al general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

Según las asociaciones querellantes, los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y despariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008. El juez imputa a los mencionados "la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas".

Todo ello convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional". Como testigos en la causa, están citados el responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno Tibetano en el exilio; el director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia de ese Departamento; y el responsable del informe sobre la represión de Amnistía Internacional.

El instructor también solicita a los querellantes que aporten al juzgado la documentación de que dispongan sobre estos hechos y que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados.

Al margen de la investigación de Pedraz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de que estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.

Además de Jiang, esta querella está dirigida contra el primer ministro durante la represión tibetana, Li Peng; los secretarios del partido Comunista en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong, entre 1980 y 1985, Yin Fatang, y entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan; el ministro de Planificación Familiar en los 90, Deng Delyun; y el jefe de Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80, Chen Kuiyan.

El Gobierno considera que la investigación abierta por la Audiencia Nacional no supone ningún conflicto diplomático con China. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a este asunto en la rueda de prensa que ofreció en su gira iberoamericana tras entrevistarse en México con el presidente del país, Felipe Calderón.

De la Vega expresó su respeto a la decisión judicial y señaló que el Gobierno no tiene nada más que decir a este respecto.

Sin embargo, ante la pregunta de si esta investigación puede provocar un conflicto diplomático entre España y China, la vicepresidenta negó esa posibilidad. "No hay conflicto diplomático; hay respeto y principio de soberanía", advirtió antes de recalcar que cree que las autoridades chinas conocen el funcionamiento de la legislación española.

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