La plantilla, primera víctima de la anunciada debacle

  • El 'crack' de Martinsa-Fadesa envía al paro a 234 empleados y deja en el aire las viviendas · Los bancos adelantan provisiones

Comentarios 1

La debacle de Martinsa-Fadesa comienza a cobrarse sus primeras víctimas. La compañía presentó ayer de forma oficial en un juzgado de La Coruña la declaración de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), un proceso que lleva aparejado, como una de las primeras consecuencias, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 234 de los 880 empleados directos de la compañía, el 26,6% de la plantilla. En Andalucía engullirá hasta 90 puestos de trabajo (de la sede central de Sevilla y de las obras en curso). Los sindicatos van más allá y calculan que los despidos podrían alcanzar los 3.000, sobre todo por el gran número de subcontratas que dependían de sus obras.

El túnel en el que entra el grupo, asfixiado por una deuda de 5.100 millones de euros e incapaz de lograr nuevas vías de financiación, siembra ahora la intranquilidad entre los ciudadanos que compraron su casa a la constructora en su día. Las organizaciones de consumidores recordaron ayer que Martinsa-Fadesa tiene pendiente de entrega miles de viviendas. La OCU recomendó que se siga haciendo frente a los pagos para evitar que la empresa pueda demandarles por incumplimiento de contrato. Mientras, Facua aconseja que requieran información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades entregadas a cuenta, "ante la incógnita de si las obras serán o no completadas". En caso de que las viviendas no sean finalmente entregadas, la organización recordó que los usuarios tienen derecho a recuperar la totalidad de la cantidad entregada a cuenta más los intereses legales.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Ejecutivo trabaja para mitigar los efectos de la suspensión de pagos y atender a los trabajadores. Por su parte, la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, incidió en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "no puede refinanciar las deudas de una empresa privada con dinero público", en referencia a la negativa de la institución a facilitarles el crédito de 150 millones necesario para poder cumplir con la refinanciación de deuda firmado con varias entidades, que cubría 4.000 de los más de 5.000 millones de deuda acumulada.

Quienes también se dejaron oír ayer fueron los bancos que prestaron dinero a la inmobiliaria. El Popular lo hizo para informar de que en el primer semestre realizó una provisión de 100 millones con un carácter cautelar, lo que supone que no tendrá que hacer dotaciones adicionales. Caja Madrid, otra de las afectadas, anunció también que dotará provisiones por importe de 250 millones después de conocer la situación de la inmobiliaria, que le adeuda 1.000 millones.

La Caixa comunicó también que en el cierre contable del primer semestre reclasificará el riesgo pendiente como dudoso y registrará con cargo a resultados una dotación específica para insolvencias por un importe de 192 Bancaja, cuarto accionista, aseguró que mantiene una "cobertura de riesgos adecuada" en el préstamo sindicado a la inmobiliaria.

Más preocupados que los bancos están los constructores. Tanto la Asociación de Promotores y Constuctores de España (APCE) como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) reclamaron ayer al Gobierno medidas económicas para reactivar el sector. Desde la APCE pidieron una reunión urgente con el Ejecutivo y los bancos para buscar soluciones a la falta de liquidez y al parón de las ventas. "Ojalá fuera un caso aislado", se lamentaban ayer los dirigentes de la asociación.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios