España es un mosaico de hechos diferenciales, algunos de los cuales están recogidos en la Constitución y tienen su correspondiente reflejo fiscal, como la insularidad o el uso de una lengua propia. Navarra y País Vasco han conseguido traducir este reconocimiento en un régimen fiscal privilegiado, también pretendido por Cataluña antes de la aventura independentista. Madrid es otro hecho diferencial con notables implicaciones fiscales en su condición de capital del Reino, tal y como se deducía del "se ponga como se ponga, la asimetría fiscal existe" con el que Ximo Puig respondía a Cifuentes, que viene a indicar que si no fuese la capital lo más probable es que su economía y su capacidad fiscal serían similares a las de cualquier otra provincia de su entorno.

Lo relevante, sin embargo, no es que en Madrid se pague más impuestos que en Andalucía, dado que hay mayor proporción de ricos y la renta media es un 50% más elevada, sino la diferencia entre lo que tendría que pagar un mismo contribuyente, en función de la comunidad en que resida. Este es el enfoque que adopta el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del Colegio de Economistas, donde se concluye que en Andalucía, Asturias y Cataluña es donde tendría que pagar más impuestos, mientras que en Madrid y La Rioja es donde se pagarían menos. El panorama que se describe es marcadamente regresivo porque, en general, trata mejor a las comunidades ricas que a las pobres y contribuye al aumento de la desigualdad, aunque ambas circunstancias tienden infravalorarse entre los expertos frente a mecanismos que incentiven a las autonomías a una administración eficiente de sus capacidades fiscales.

El tema adquiere una especial trascendencia con motivo del proceso hacia un nuevo sistema de financiación autonómica. Andalucía estará en la cabeza del pelotón de defensa de un modelo equitativo, en el que desaparezcan las asimetrías, pero tendrá enfrente a un formidable bloque de oposición integrado por las regiones que reivindicarán compensaciones a la eficacia de su gestión tributaria, sobre la base de los impuestos que soportan sus ciudadanos. Andalucía y el resto de las regiones con menor capacidad fiscal tendrán que ingeniárselas para demostrar que sus desfavorables condiciones de partida se convierten en una importante desventaja para alcanzar resultados comparables a las regiones más ricas. Además deberá lidiar con el espinoso tema de los derechos fundamentales para convencer al resto de que la educación, la sanidad y los servicios sociales deben quedar garantizados por encima de cualquier sistema de penalización a la incompetencia administrativa, pero sobre todo que la fiscalidad es un poderoso instrumento de discriminación competitiva entre las regiones que con frecuencia se suele infravalorar y que actualmente también perjudica a las más atrasadas. No debe quedar, sin embargo, la impresión de que la elevada presión fiscal en Andalucía es exclusivamente consecuencia de la perversidad del actual sistema de financiación autonómica. La Junta de Andalucía también tiene su cuota de responsabilidad, pero dejaremos su análisis para otro día.