"¿Qué consecuencias cree que tendrá la ley de emprendimiento de Andalucía?", le preguntó el director de Diario de Cádiz, David Fernández, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, en el desayuno informativo que Banco Santander y Grupo Joly ofrecieron en el Parador de Cádiz ayer por la mañana. "¡Ninguna!", contestó casi inmediatamente González de Lara. Porque el presidente de los empresarios de Andalucía hizo una exposición en la que quedó claro que el principal enemigo del fortalecimiento del tejido empresarial de la región no es otro que la burocracia.

"La ley, ninguna ley, nos va a dar de un día para otro una solución definitiva, no existe el bálsamo de Fierabrás -abundó González de Lara-. Ya, lo que pedimos es que las leyes sean lo menos perjudiciales para las empresas porque cada vez que se promulga una ley nos ponemos a temblar. Como ley, esa que llaman con ese eufemismo de emprendimiento, cuando siempre hemos sido empresarios, es correcta, pero lo que queremos, lo que necesitamos, es una simplificación legislativa. Porque nuestro principal problema ya no es la falta de financiación, que ahora existe en los bancos aunque sea con más garantías que antes; nuestro principal problema es la burocracia".

Y es que los datos aportados hablan por sí mismos de la inflación de legislación: los disintos boletines oficiales en nuestro país han publicado desde 2010 un total de siete millones de páginas; en Andalucía, el pasado año entre el boletín del Estado y el autonómico fueron 740.000. 2Es imposible para el empresario estar al día de tal cantidad de modificaciones y a las pymes les resta tiempo para hacer lo que realmente saben hacer", aseguró en su crítica.

Este escenario se mantiene en un momento de crecimiento en el que los empresarios conocen bien cuáles deben ser los objetivos, unos objetivos que son fáciles de calibrar midiéndonos con el resto de comunidades. Andalucía, con medio millón de empresas en la actualidad, es la tercera comunidad española en número, sólo por detrás de Madrid y Cataluña. Sin embargo, desciende muchos puestos hasta situarse en la planta baja de la tabla si lo que se mide es la densidad empresarial, que es un ratio mucho más fiable.

La media nacional está en 70 empresas por cada mil habitantes, mientras que en Andalucía son 58 por cada mil. El cálculo de la Confederación de Empresarios de Andalucía proyecta la necesidad de crear cien mil empresas para situarnos en la media nacional: "El año pasado se crearon 17.000 empresas, por lo que se puede conseguir ese objetivo en seis años si se derriban barreras fiscales y burocráticas. Pero además de más empresas necesitamos que sean más grandes, ya que nueve de cada diez empresas andaluzas son microempresas. El tamaño importa. En Andalucía nuestro tejido empresarial se caracteriza básicamente por el protagonismo del empresario individual, un 57%, frente a las fórmulas societarias, un 35%".

En el lado positivo, están los datos de empleo. Desde que los datos dejaron de ser permanentemente negativos, en 2015, ha aumentado en más de un diez por ciento la ocupación en Andalucía, lo que se traduce en 275.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad autónoma, lo que nos acerca nuevamente a la cota de los tres millones de personas ocupadas, que fue la cifra alcanzada cuando todo se vino abajo. En todo este tiempo los empresarios que han logrado sobrevivir no se han quedado con los brazos cruzados. El presidente de los empresarios andaluces recordó todo lo que se ha avanzado en internacionalización y digitalización precisamente en el peor de los momentos, durante una recesión que en lo más crudo de la misma hizo que desaparecieran una de cada cuatro empresas existentes antes de 2008.

Esto quiere decir que las empresas y, de algún modo, los trabajadores, han cumplido con su misión. Habría que ver si las administraciones también lo han hecho, se preguntó el líder empresarial. Dijo: "Las administraciones públicas en general siguen sin asumir el verdadero rol que les corresponde en la sociedad. Necesitamos que el sector público haga igual que el empresarial, que afronte una reforma profunda de sí mismo, que asuma el desafío de su transformación ¿O es que sólo van a funcionar bien Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social, porque son recaudatorias?"

La crítica no finalizó ahí. Se hizo más preguntas: "¿Cuántas veces se ha anunciado la necesidad de un pacto por la educación? ¿Cuántas veces se ha planteado la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas? ¿En cuántas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de un profundo cambio armonizador en nuestro sistema fiscal, o la reforma, aún inacabada, del ámbito local, o del Pacto de Toledo, o la profundización en la normativa sobre unidad de mercado?". Muchas preguntas desde el mundo empresarial.

La otra gran preocupación mostrada por la cabeza visible del empresariado andaluz se centró en la economía sumergida, que cifró entre el 23 y el 25% del PIB . "Es una lacra que sigue frenando nuestra competitividad. Esta economía irregular genera fraude fiscal, fraude laboral y distorsiona totalmente la competencia. Es importante una mayor y mejor coordinación entre las Administraciones. Incrementar el número de efectivos contra el fraude, centrados no en eventuales problemas de interpretación en la relación laboral dentro de la empresa, sino en la ausencia de esa relación al margen de la empresa. Movilizar la conciencia ciudadana hacia una fiscalidad responsable. Incentivar el traslado de la economía informal a la formal, simplificando procesos".

De este modo, cerraba el círculo con el inicio de su relato en el que la Administración debería convertirse en un agilizador y no en todo lo contrario. Con muchas personas de la Administtación entre los presentes, Javier González de Lara pretendía que el mensaje calara porque era casi una llamada de auxilio. "El Premio Nobel de Literatura, Anatole France, afirmaba que el árbol de las leyes, ha de podarse continuamente", citó, esperando que alguien tomara nota.