EXISTE un razonable consenso sobre las causas de la actual crisis; si no en todas, sí al menos en las más determinantes. No cabe duda de que el acuerdo es unánime a la hora de señalar al exceso de endeudamiento de empresas y familias como uno de los factores que nos ha llevado, a todos, a vivir muy por encima de nuestras posibilidades. Lo anterior ha provocado lo que todos conocemos: el colapso de la economía, la caída dramática del consumo (en particular de los bienes duraderos), los problemas en el sistema financiero, el desplome de la construcción… Y un largo etcétera.

La consecuencia inmediata de la recesión económica es, lógicamente, la caída de la recaudación pública y el aumento del gasto. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. La verdad es que observar los datos de recaudación de la Agencia Tributaria produce miedo. Los ingresos tributarios totales sumaron en los cinco primeros meses del año 61.938 millones de euros, lo que supone una caída del 19% respecto a lo recaudado en igual periodo del año anterior. Una caída que se manifiesta en todos los capítulos, tanto en los impuestos directos a personas físicas o a sociedades, como en los indirectos que gravan el consumo, donde el IVA sufre una bajada en la recaudación del 30%.

La otra cara de la moneda que nos ofrece la recesión es la necesidad de aumentar el gasto público tanto para paliar, en parte, la disminución de los ingresos de las familias, como para inyectar nuevos recursos en el sistema que permitan reactivar la economía. Evidentemente, el aumento del paro supone que se reduzca el número de trabajadores que contribuyen a la Hacienda Pública, que existan menos cotizantes a la Seguridad Social y, por el lado contrario, que se incremente el gasto vía prestaciones.

Por todo ello, el Estado ha visto cómo el superávit de las cuentas públicas se ha esfumado de la noche a la mañana, en tanto que las previsiones para los años próximos no son nada halagüeñas. Evidentemente, el aumento del gasto público y la reducción de los ingresos derivan en necesidades externas de financiación; es decir, en endeudamiento público.

En concreto, las administraciones públicas cerraron el ejercicio pasado con un déficit equivalente al 3,8% del PIB, y un deterioro de 6 puntos porcentuales respecto al superávit del 2,2% de 2007. Dicho deterioro se distribuye, prácticamente a parte iguales, entre el impacto de los estabilizadores automáticos (caída de la recaudación y aumento del gasto a consecuencia de la contracción de la actividad, como se señaló anteriormente); y los efectos de las medidas discrecionales adoptadas para mitigar el impacto de la crisis sobre la actividad y el gasto.

Según las últimas estimaciones oficiales, el Estado registrará en 2009 un déficit público próximo a los 85.000 millones de euros (en torno al 8% del PIB). Las previsiones para 2010 son de un déficit equivalente al 10% del PIB, e igual cifra se espera para 2011. Hay que recordar que, al menos desde 1995, ningún país de la Zona Euro había tenido un déficit público superior al 9%. Esta situación ha llevado al Consejo de Europa a incluir a España en el procedimiento de países con déficit excesivo, recomendando su corrección, a más tardar, para 2012. Así lo recoge el Gobierno en el Plan de Estabilidad Presupuestaria, en el que se propone reducir el déficit al 3% para 2012. Pero este objetivo requiere de unas elevadas tasas de crecimiento de la economía en los próximos años, lo que será prácticamente imposible de alcanzar. Sería necesario que parte de este enorme endeudamiento se destinase a las reformas estructurales que precisa nuestra economía para ganar cuotas de productividad. En caso contrario, sólo servirá para alimentar la deuda pública que, para esas fechas, se podría situar en torno al 90% del PIB.

En consecuencia, se llega a la conclusión de que, para paliar la crisis, estamos intentando convertir el exceso de endeudamiento privado que la originó en exceso de endeudamiento del sector público. Ya no serían las familias y las empresas las que vivirían por encima de sus posibilidades, sino que lo haría el propio Estado.

Es evidente que la economía no va a recuperarse por ese camino: lo que estamos haciendo es pasar la patata caliente de unos a otros y mirar para otro lado a la hora de buscar salidas. Unas soluciones que, en realidad, son muy simples de encontrar, y que básicamente consisten en apretarse el cinturón.

Sin embargo, no parece que sea ésta la intención de las autoridades, que diariamente nos abruman con cantidades ingentes de gastos que no sabemos de dónde saldrán. Baste recordar que, en lo que va de año, el gasto público ha aumentado más de un 20%, mientras el ingreso se ha reducido en un 25%.

Una vez más, se está imponiendo la cultura del no esfuerzo, de evitar el sacrificio, lo que nos lleva a endeudarnos para evitar las molestias de reducir nuestro artificialmente elevado nivel de vida. Para mantener la utopía de ser más ricos que los italianos y de que pronto alcanzaremos a los alemanes, en vez de fijarnos el objetivo de invertir en capital humano y físico para llegar a los niveles de productividad de esos países.

Si la solución que buscamos es trasladar el exceso de endeudamiento del sector privado al público, para mantener la ficción de que todo sigue igual, no sólo estaremos dificultando la salida de la crisis, sino que también estaremos embargando nuestro futuro.