Sólo uno de cada cuatro trabajadores amparados por un convenio colectivo mantienen una cláusula de garantía salarial que permite que su sueldo sea revisado al alza cada año en función de diferentes criterios -habitualmente, la evolución de la inflación- para que no pierda poder adquisitivo.

La recuperación con carácter general de la cláusula de garantía, desaparecida de los convenios durante la crisis económica, está siendo el principal escollo para alcanzar un acuerdo salarial marco para 2017, ya que se trata de una demanda aparentemente irrenunciable para los sindicatos y que es difícilmente asumible para la patronal. Los sindicatos ofrecen activar la cláusula solo cuando la inflación supere el 2%, aunque en los últimos días CCOO también se ha mostrado favorable a sustituir esta garantía por una horquilla de subida salarial más alta.

Las centrales sindicales ofrecen activar la cláusula cuando el IPC supere el 2%

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, la cláusula de garantía salarial cubre a 1,17 millones de trabajadores amparados por 406 convenios colectivos, el 16,7% de total de los firmados hasta junio. En total, en el primer semestre se han registrado 2.426 convenios colectivos con efectos económicos en 2017, que afectan a 4,8 millones de trabajadores y que recogieron una subida salarial media del 1,3%.

La mayoría de los convenios con cláusula de garantía son de empresa (304), pero sólo afectan a 78.600 trabajadores. El resto (102) son convenios sectoriales que amparan a más de un millón de empleados. El incremento salarial medio pactado en los seis primeros meses del año fue superior en el caso de los convenios que contienen una cláusula de garantía (1,39%).

Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mercedes González, la revisión salarial se ha ido perdiendo en los convenios debido, principalmente, a que la capacidad de negociación se vio disminuida al perderse la referencia del IPC. Y es que, desde la llegada del euro se introdujo el objetivo de inflación para la actualización de los salarios (anteriormente se utilizaba el IPC del año anterior) y se introducía además una cláusula de revisión. Dicha cláusula ha permitido que desde el año 2000 se hayan revisado al alza anualmente las subidas salariales hasta 2008.

Ese año, la previsión de inflación fijada del Gobierno era del 2% pero realmente cerró el año en el 1,4 %, lo que obligó a las empresas, que sufrían ya los primeros efectos de la crisis, a actualizar los salarios de sus empleados. Este fue, según la coordinadora de Negociación Colectiva de CCOO, Rita Moreno, el principal motivo por el que las patronales se negaron a firmar un acuerdo con los sindicatos para 2009.

En el siguiente acuerdo, los agentes sociales prescindieron de la previsión de inflación para fijar la subida salarial y decidieron fijar un alza del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5 % y el 2% para 2012, con una cláusula de revisión vinculada al IPC real.

Las dificultades para encarar la crisis con un acuerdo que recomendaba incrementos salariales demasiado elevados, los agentes sociales decidieron dejar sin efecto el último año y firmar un nuevo acuerdo para 2012, 2013 y 2014. En él se establecieron subidas más moderadas (0,5%, 0,6% y 0,6%) y una revisión salarial calculada en función del objetivo de inflación para España del Banco Central Europeo, el IPC de la zona euro y el precio medio internacional del barril de petróleo Brent.

Finalmente, la cláusula de garantía salarial fue excluida del último pacto que afectaba a los años 2015, 2016 y 2017 y dejó en el aire la subida a aplicar para este último año, lo que ha llevado a que los agentes sociales lleven nueve meses enfrentados en una atípica negociación que amenaza con no cerrarse.