O remamos juntos o quién sabe si al final el barco puede acabar yéndose a pique. Algo parecido a eso fue lo que deslizó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, durante su esperada comparecencia en el Congreso para detallar su enésimo diagnóstico sobre la crisis que azota a España. Ante los representantes de todas las fuerzas políticas presentes en la cámara, el vicepresidente segundo obvió los atajos y fue, quizás, más contundente que durante sus últimas comparecencias. Más de lo que se le recuerda, quizás porque los indicadores, todos en contra, abruman. El mensaje que se oyó ayer fue claro: la crisis reviste "gravedad" y contra ella "no existen recetas milagrosas". ¿Solución? No la hay a corto plazo, al menos antes de bien entrado 2009, pero a su juicio sí que contribuiría a aliviar la situación que los agentes económicos y sociales, así como las administraciones públicas, realizaran un esfuerzo conjunto para afrontar una fase delicada que "tenemos que pagar todos".

Solbes comparecía ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Allí solicitó un margen de apoyo que permita mantener la "serenidad y la confianza" en la recuperación de la economía porque los "atajos son costosos a la larga". En ese esfuerzo implicó a todo el sector público y privado, algo que sólo se conseguirá si empresarios y sindicatos pactan soportar, a partes iguales, los efectos de la crisis. O lo que es lo mismo, un reparto "equilibrado" en los beneficios empresariales y los costes salariales.

De salir adelante esa propuesta (difícilmente los sindicatos, salvo situación extrema, van a aceptar caminar por esa senda), se traduciría en una moderación de los sueldos porque "lo importante no es el incremento salarial, sino el empleo". Respecto a las empresas, aseguró que no es partidario de una normativa que les marque qué tienen que hacer con sus beneficios, aunque consideró necesario "un mensaje" para que sean responsables y sigan invirtiendo.

Solbes dedicó otros mensajes a la patronal, en especial para recordarles que el Gobierno no acudirá al amparo de aquellas empresas que pasen por dificultades (en clara referencia al caso Martinsa-Fadesa), ya que deben ser los accionistas, en su calidad de recaudadores de beneficios, quienes "deben asumir las eventuales pérdidas derivadas de su actividad".

El vicepresidente también pidió el esfuerzo de las demás administraciones, sobre todo las autonómicas, que, como recordó, gestionan una proporción "creciente" de los recursos públicos. "Todos debemos asumir nuestra parte del coste total para poder iniciar antes la etapa de recuperación", concluyó.

En su exposición de la situación económica, que no dudó en calificar abiertamente de crisis, Solbes explicó que el Gobierno ha reducido sus previsiones -lo hizo el pasado jueves- de crecimiento de este año (1,6%) y el que viene (1%) porque el contexto económico internacional "se ha deteriorado más", al persistir las tensiones en los mercados financieros y al haberse elevado aún más el precio del petróleo. "Lo que no era previsible es que ambos fenómenos (crisis y encarecimiento del crudo) fueran tan violentos y persistentes", asumió el ministro, quién recordó también que las cuentas de este año cerrarán con déficit y las del año que viene se elaborarán con la previsión de un nuevo saldo negativo, que alcanzará al 0,34% del PIB.

Otro de los elementos que no ayudan a la recuperación es la inflación, que Solbes reconoció que podría repuntar en julio (el dato adelantado se conocerá este jueves) y agosto, para empezar a moderarse en septiembre. La tesis de que la economía española volverá a recuperarse en 2010 se basa, explicó, en que según el FMI ese año comenzará la recuperación mundial y en otras razones "técnicas", como el efecto base de la inflación, en el que afectará menos el encarecimiento del crudo, aunque se mantenga en las tasas actuales (sobre 145 dólares/barril).

Pese al aluvión de datos en contra, Solbes volvió a mostrarse "moderadamente optimista" e insistió en lanzar un mensaje de confianza. Incluso consideró que hay un "exceso de preocupación que no se corresponde a la realidad". No lo vio tan claro el portavoz del PP en la Comisión, Cristóbal Montoro, quien le acusó de mentir a la sociedad por no reconocer durante más de un año la grave crisis económica.