Industria estudia distribuir en tres años las subidas de la luz para contener el déficit tarifario

  • El futuro acuerdo para eliminar la diferencia entre ingresos y costes de la energía contempla un bono social asociado a la renta y trasladar a los presupuestos del Estado parte de la tarifa eléctrica

El Ministerio de Industria trabaja con las compañías eléctricas en un acuerdo para eliminar el déficit de tarifa -diferencia entre ingresos y costes de la energía- que incluiría la posibilidad de distribuir en tres años las subidas en el recibo de la luz necesarias para acabar con el desajuste, indicaron fuentes del sector.

Las fuentes señalan que las conversaciones con las eléctricas están avanzadas y que se asientan sobre tres principios de acuerdo: subidas de tarifas, un bono social para potencias de menos de 4,4 kilovatios (kW) asociado a la renta y traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro.

Sobre las subidas, se han barajado incrementos de entre el 8% y el 10% durante los próximos tres años, de modo que al final del periodo se cumpla la reivindicación de Unesa y de la CNE de incrementos de cerca del 30% que impidan que siga aumentando la deuda eléctrica. No obstante, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, desmintió hoy que vayan a producirse subidas de esta magnitud a partir de enero y condicionó cualquier incremento a que se alcance una solución sobre el déficit tarifario con las compañías eléctricas.

En cuanto al bono social de la luz, las compañías han ofrecido al ministro sustituir la actual tarifa social por esta modalidad, que se concederá a las rentas bajas y que, de manera temporal, será sufragada por las propias eléctricas. Este bono tendría en cuenta aspectos como la renta de los consumidores y el número de integrantes del domicilio. Además, eleva de 3 a 4,4 kW la potencia mínima fijada en la tarifa social y se asemeja a la reivindicación de varias asociaciones de consumidores y de la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) de que la tarifa para rentas bajas vaya asociada a algún indicador de ingresos como el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Partidas sujetas a traslado

Las compañías piden al Gobierno que traslade a los PGE algunas partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro, entre ellas las primas a las renovables, los costes extrapeninsulares, el fomento a la eficiencia o algunos impuestos como el IVA o el impuesto eléctrico. Sobre el IVA, la posición de las empresas contempla una rebaja de esta partida del 16% al 7% que reduciría en torno a 1.000 millones de euros el desajuste del sector eléctrico.

Los costes extrapeninsulares rondan los 1.400 millones anuales, mientras que los impuestos a la electricidad, que recaudan las comunidades autónomas, suponen otros 1.700 millones. El fomento a la eficiencia ronda los 275 millones, mientras que las primas a las renovables supusieron durante 2007, según la patronal AEE, cerca de 950 millones. La deuda eléctrica ha crecido de forma exponencial en los últimos años y rondará a finales de año los 15.700 millones en términos acumulados. En 2009, el importe acumulado podría alcanzar los 22.500 millones.

Como parte de la negociación entre Industria y las eléctricas, está por ver si el Gobierno concederá avales de Estado al déficit que se coloca entre los bancos en las subastas 'ex ante' y si las compañías se mostrarán flexibles con los consumidores del G.4 -cinco fábricas de Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc-, cuya tarifa se liberalizará a partir del 1 de enero.

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