La compañía pública francesa EDF confirmó ayer a la CNMV, a primera hora y de forma oficial, que está estudiando junto con ACS la compra de Iberdrola. La constructora que preside Florentino Pérez lo hizo público el martes. Y la eléctrica, ya con las principales cartas encima de la mesa, inició el esperado contraataque.

La primera compañía energética española por valor en bolsa, que preside Ignacio Sánchez Galán, envió ayer varias peticiones a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para parar los pies a ACS. Primero, que el regulador energético español revoque una resolución dictada por este mismo organismo en noviembre de 2006 que autorizaba a ACS a adquirir acciones de la eléctrica hasta un 24,9 por ciento. Éste es el límite para no tener que lanzar una opa por el 100 por cien y fue solicitado por ACS después de desembarcar en Iberdrola en septiembre de 2006, cuando la eléctrica acaba de lanzar su oferta por la británica Scottish Power.

Sánchez Galán quiere impedir a Florentino Pérez que siga aumentando su peso y matiza, además, que esa prohibición especifique claramente que ACS no pueda adquirir, directa o indirectamente, participaciones que "le confieran capacidad de ejercer una influencia decisiva o que excedan del 10 por ciento del capital".

Prohibición que contrasta con que ACS posee ya el 12,7 por ciento, el 7,7 de forma directa y el resto a través de bancos. Ese porcentaje le convierte (ver gráfico) en el primer socio de la firma -aunque no se sienta en el consejo de administración-, al tiempo que también ostenta el control sobre Unión Fenosa (donde posee el 45 por ciento).

Iberdrola argumenta esa petición asegurando que ACS ha incumplido, al menos, una de las cuatro condiciones impuestas por la CNE en aquella resolución de 2006 que autorizó llegar al 24,9 por ciento. En concreto la segunda, en la que se establece que ACS "deberá informar a esta comisión trimestralmente y, en todo caso, siempre que se produzca cualquier circunstancia relevante sobre la evolución de la participación accionarial" de la constructora en la eléctrica. Iberdrola, por lo tanto, entiende que las conversaciones con EDF deberían de habérsele comunicado a la CNE.

La segunda exigencia al regulador es que se le limiten los derechos de voto de ACS en las juntas de accionistas de Iberdrola al 3 por ciento "sin excepción alguna". La comisión autorizó en febrero de 2007 a ACS a votar en función de su peso en el accionariado, desestimando con ello la pretensión de Iberdrola para que se limitaran sus derechos.

La eléctrica pidió a la CNE esta misma limitación al 3 por ciento argumentando que la constructora estaba presente también en el capital de un competidor (Fenosa). La comisión accedió a la petición de ACS porque ésta indicó que respaldaba "plenamente la gestión que realiza su equipo directivo, encabezado por su presidente" y entraba con "vocación de permanencia" y "sin adquirir una influencia decisiva o de control", según Iberdrola.

Ahora, la firma que preside Sánchez Galán entiende que estos supuestos no se cumplen, ya que las conversaciones con EDF los invalidan, y reitera por tanto su solicitud de limitación. Ayer, la compañía francesa confirmaba los contactos con ACS y detallaba que son "meramente exploratorios" y no se han tratado en el consejo de administración. Con ellos, ambas empresas "analizaron sus respectivos intereses en relación a Iberdrola".