El Gobierno promoverá el arbitraje para los clientes de preferentes de Bankia

  • Se aplicará en los casos "más flagrantes" en los que haya habido "mala praxis" en la comercialización o "circunstancias en las que el consumidor no estaba en condición de entender el producto".

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El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso que la intención del Gobierno es articular un procedimiento de arbitraje para los tenedores de preferentes y deuda subordinada de Bankia. El arbitraje, ha explicado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Economía, se aplicará en los casos "más flagrantes" en los que pueda haber habido "mala praxis" en la comercialización.

También en aquellos casos en los que haya "circunstancias personales en las que el consumidor no estaba en condición de entender el producto", ha añadido el ministro. De esa forma, el cliente encuentra un nuevo canal para la resolución de conflictos con las entidades que comercializaron productos complejos. A juicio del ministro, el arbitraje tiene "ventajas" en términos de rapidez de ejecución y de coste sobre el procedimiento judicial. Operará mediante la colaboración de las autoridades de consumo autonómicas, que resolverán sobre la propuesta final de arbitraje, aunque previamente un asesor privado "filtra" en cada entidad los supuestos que evidencian una clara mala praxis en la venta. Así el cliente encuentra un nuevo canal "mucho más sencillo y rápido", según palabras de De Guindos, para la resolución de su conflicto con las entidades que vendieron estos productos complejos.

Novagalicia y CatalunyaBanc ya han recurrido al arbitraje para abrir la posibilidad de que sus clientes recuperen la mayor parte posible de su inversión y De Guindos ha justificado que esa práctica se extienda a Bankia porque es "consciente de la problemática" de las participaciones preferentes.

El titular de Economía ha recordado que de media los inversores de productos híbridos como las participaciones preferentes o la deuda subordinada de las entidades en manos del Estado recuperarán el 60% de su inversión, por encima que su valor de mercado. No obstante, el arbitraje podría facilitar que algunos clientes recuperen una parte mayor de su inversión, una posibilidad que hasta ahora parecía cerrada por las condiciones impuestas por los socios europeos al conceder la ayuda a la banca española.

El portavoz del grupo socialista, Valeriano Gómez, tras recordar que los afectados por preferentes van a perder entre un 40% y un 50% de su dinero, cuestionó que la función de arbitraje para los perjudicados la haga una entidad privada y reiteró su preferencia por que esta tarea recaiga en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como pidió en una proposición no de ley el pasado 30 de noviembre. "Si llegamos a la vía de que lo más rápido es el arbitraje, confiémoslo a la CNMV, que con poca ayuda puede filtrar los miles de casos que han sido deficientemente comercializados", dijo.

Desde CiU, Josep Sánchez Llibre consideró positiva la medida anunciada por el ministro, pero pidió acompañarla de un "gran despliegue de publicidad institucional", mientras que el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, dijo que el arbitraje es insuficiente, ya que si se constata que hubo engaño, el resultado "no puede ser sólo un sistema de arbitraje" y que asuman unas pérdidas como si fueran inversores institucionales. En la misma línea, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo pidió que a las personas "estafadas" no se les trate como a acreedores normales "o incluso peor que a algunos acreedores internacionales", en referencia a las pérdidas que tendrán que asumir.

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