El Gobierno se niega a crear un modelo intermedio entre VPO y vivienda libre

  • Separados y divorciados recibirán ayudas para la compra de inmuebles · Corredor insiste en el doble lenguaje: los constructores no serán "abandonados", pero tampoco se intervendrá en el ajuste del sector

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El Gobierno está decidido a interceder en favor del deprimido sector del ladrillo, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Ese doble mensaje lo reiteró ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, durante un desayuno informativo en el Fórum Nueva Económica: el Ejecutivo no "abandonará a su suerte" a constructoras e inmobiliarias, pero tampoco "tratará de impedir artificialmente el ajuste del sector". Otro síntoma de esa reticencia: preguntada por su disposición a dar luz verde a una tipología de vivienda a caballo entre la libre y la protegida (VPO) para desatascar el stock de inmuebles sin vender, tal y como propusieron los promotores, Corredor dio por sentado que no se dará ningún paso en esta dirección más allá de las medidas ya aprobadas.

Concretamente, recordó que en la reforma del Plan de Vivienda vigente, impulsado en enero, el Ejecutivo ya potenció la construcción de viviendas protegidas de precio concertado, la modalidad de VPO de precio más elevado. También insistió en que su departamento procedió en aquel momento al incremento del precio del módulo y a la revisión del tipo de referencia de los préstamos convenidos para la compra de inmuebles protegidos, y redujo de dos a un año el periodo necesario para considerar una vivienda como usada y poder adquirirla con algún tipo de subvención. Con estos argumentos, Corredor se mostró firme: "Hasta aquí es hasta donde el Gobierno está dispuesto a seguir".

El objetivo del ministerio pasa por mejorar las condiciones de acceso a la vivienda protegida en régimen de propiedad y en alquiler, de forma que promoverá la construcción de 1,5 millones de VPO en los próximos diez años. En este sentido, subrayó que el Ejecutivo tiene comprometidos 23 millones de metros cuadrados de suelo del patrimonio público para la construcción de 73.000 viviendas protegidas, de las que un tercio estarán gestionadas por la sociedad pública Sepes. Asimismo, promoverá la construcción de alojamientos destinados a colectivos específicos, así como la rehabilitación urbana, con el objetivo de modificar el actual modelo de urbanismo extensivo por uno intensivo.

La ministra se mostró concienciada ante el "ajuste severo e intenso" que vive el sector residencial, fruto de un ritmo de construcción "insostenible" y "extensivo", aunque reiteró que se trata de un proceso "deseable y necesario". A su juicio, "así no podíamos seguir" y "había que poner fin a ese modelo y a la escalada de precios", ya que se construían muchos pisos, "pero poco diversificados", y la oferta no respondía a lo que demandaban los ciudadanos.

Durante su intervención, Corredor, detalló que entre sus planes se encuentra dotar de ayudas "temporales" para el acceso a una vivienda a personas separadas y divorciadas, con atención preferente a aquéllas con hijos a su cargo. En esa línea, se mostró partidaria de que esos incentivos se concedan en caso de que los demandantes cumplan con una serie de "requisitos esenciales", entre los que enumeró contar con una sentencia firme que certifique la situación familiar, estar al corriente de las pensiones alimenticias y no contar con ninguna demanda relacionada con la violencia de género. Esas ayudas se podrían extender a mujeres maltratadas, investigadores o personas mayores.

La ministra reiteró que es un buen momento para comprar una vivienda por la contención de precios registrada en los últimos meses. Y para revitalizar al sector, ahora la política debe ayudar a devolver la confianza con un plan que integre a todos los implicados en la construcción.

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