La propuesta lanzada por algunos miembros del Gobierno de aprovechar el parón del sector de la vivienda para comprar suelo a bajo precio toma forma. Sin ir más lejos, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer que en octubre el Gobierno hará una oferta pública por 300 millones de euros por la que adquirirá solares privados para la construcción de viviendas protegidas (VPO). El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se apresuró a desvincular la iniciativa de la crisis que atraviesa el sector inmobiliario para que la medida no sea interpretada como una ayuda encubierta a las empresas del ladrillo.

Corredor explicó que en septiembre el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, cuya compra se realizará través de la entidad estatal de suelo Sepes. No obstante, adelantó que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata, así como aquéllos que se encuentren en poblaciones con una mayor demanda de vivienda. Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.

El plazo para presentar las ofertas estará abierto durante tres meses (de octubre a diciembre) y, a su término, Sepes dispondrá durante medio año del derecho de compra de los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos. Según la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención es que la iniciativa tenga una vigencia de cuatro años.

Corredor anunció que, a partir del próximo año, el presupuesto ordinario que Sepes destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 a 150 millones.

En cuanto a la finalidad de esta iniciativa, la ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

En esta dirección se manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la situación que atraviesan inmobiliarias y promotoras. Indicó que la compra de suelo tiene un objetivo "muy sencillo": agilizar la construcción de VPO para permitir un acceso más fácil a los ciudadanos. A su juicio, los recursos que se destinarán a esa compra (300 millones) demuestran que no está vinculada a la situación de ninguna inmobiliaria, cuyos problemas financieros superan ampliamente la cifra.

La ministra de Vivienda reconoció que el sector vive una "profunda crisis" que afecta de lleno a los ciudadanos, pero descartó subir la deducción por compra de vivienda. Con respecto a los promotores, calculó que tardarán unos tres años en absorber las cerca de 800.000 viviendas que acumularán en su stock a finales de año por el frenazo de la compraventa, y siempre que se mantenga un "ritmo normal" de demanda.

El PSOE, por su parte, aplaudió la iniciativa de Vivienda y dijo que la medida "activará" la economía ante la "recesión", mientras que el PP acusó al Gobierno de tener un "corazón de ladrillo" y de actuar como un "tiburón especulador".