Nueva escaramuza en la Guerra abierta en el seno de Caja Madrid, la segunda caja de ahorros y cuarta entidad financiera de España. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, recogió ayer el pulso que le echó el lunes la presidenta regional, Esperanza Aguirre (ambos del PP), quien ha propuesto una reforma de la ley de cajas de esa comunidad que pretende impedir la reelección del actual presidente, Miguel Blesa, y reducir enormemente el poder del ayuntamiento en la asamblea general de la caja.

El alcalde lanzó varios mensajes al respecto. El de mayor calado: el equipo jurídico municipal estudiará "las posibilidades que en derecho tengamos para intentar que no tenga vigencia esta discriminación a la ciudad de Madrid". Es decir, que no descarta impugnar esa reforma de la ley una vez entre en vigor.

El ayuntamiento de la capital nombra ahora mismo al 70% de los consejeros de la asamblea que representan al grupo de corporaciones locales, porcentaje que Aguirre pretende reducir al 30%. En Andalucía, por ejemplo, ningún ayuntamiento puede ostentar una presentación superior al 25% dentro de ese grupo, según la ley de cajas de 1999.

"Se establece una discriminación para los madrileños que no existía en la normativa actual y que, desde nuestro punto de vista, vulnera lo establecido en la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro española, donde se dice expresamente que el principio de igualdad debe aplicarse por la proporcionalidad, y ahora los madrileños van a estar subrepresentados en relación con los ciudadanos de otros municipios de la comunidad", explicó el primer edil.

En segundo lugar, y en referencia al proceso electoral ya abierto para reelegir a Blesa, Gallardón aseguró que esos cambios no pueden afectar a este proceso ni son modificaciones que vayan en contra de él personalmente, ya que "serán de aplicación en los comicios de 2015". "Esta modificación no es aplicable en este proceso, ya iniciado, sino en el de dentro de seis años, que es el periodo de vigencia de los nuevos cargos que sean elegidos". "Las normas que están vigentes cuando se inicia el proceso deben seguir hasta su finalización según un principio básico de seguridad jurídica", remachó poniendo como ejemplo unas elecciones generales.

Gallardón quiso dejar claro así no sólo que no le afectará la limitación del poder prevista para su ayuntamiento, sino también otro de los cambios que establece que para que un consejero (incluido el presidente) sea reelegido, debe de presentarse como candidato en representación del mismo grupo por el que fue escogido anteriormente. Es decir, que Blesa debería ser propuesto por la Asamblea de Madrid, órgano que le propuso cuando Gallardón era presidente de la comunidad en 2002, pero que ahora está controlado por Esperanza Aguirre.

Frente a todo ello, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta respondió ayer mismo al alcalde que la nueva ley de cajas de Madrid "entrará en vigor el 1 de enero y afectará al actual proceso electoral de Caja Madrid".

Con respecto al anuncio de Gallardón de que el Ayuntamiento utilizará todas las posibilidades legales a su alcance para evitar que esta reforma entre en vigor, Beteta aseguró: "No hay razón ni fundamento ninguno, porque todas las medidas que se han implementado están funcionando ya en otras comunidades pacíficamente desde el punto de vista legal y, en consecuencia, no sé por qué van a ser ilegales en Madrid".