El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha explicado este jueves que el déficit público de 2015 fue de 5,16% del Producto Interior Bruto (PIB), casi un punto por encima del 4,2% pactado con Bruselas. El ministro ha explicado que este desvío se debe "prácticamente" a las comunidades autónomas, que se han desviado en relación a su objetivo en casi un punto (1,66 % del PIB respecto al 0,7% pactado). Por ello, ha afirmado que el Gobierno tomará "medidas" para paliar en lo posible estas desviaciones autonómicas. 

Aunque la Seguridad Social también ha cerrado por encima de lo que debería (1,26% del PIB, frente a 0,6%), esto se habría compensado con la administración central, que ha "cumplido sobradamente" al quedar dos décimas por debajo (2,7 % frente al objetivo de 2,9 %) y al superávit de las corporaciones locales (0,44 %), ha dicho Montoro. 

El ministro ha destacado que en la legislatura el déficit se ha reducido prácticamente a la mitad (desde el 9,13 % en 2011) y en comparación interanual se ha bajado del 5,5% del PIB (2014) al 5,16 % (2015), una nueva reducción pero "insuficiente" en relación con los compromisos europeos, ha reconocido. El ministro, que ha asegurado que comparecerá "pronto" en la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, ha destacado que entre los gastos extraordinarios del año destaca la financiación del tratamiento a más de 50.000 enfermos de hepatitis C, que ha ascendido a 1.090 millones de euros. A su juicio, este gasto es "representativo" de que para el Gobierno "la corrección del déficit no significa obviar las necesidades sociales más perentorias". También ha destacado las operaciones especiales de inversión de las comunidades autónomas, fundamentalmente en Cataluña. 

El ministro ha señalado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ha presidido este jueves el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha acordado una serie de medidas en pro de la corrección de esta desviación, entre ellas aplicar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto, que impide que éste aumente más que el crecimiento potencial de la economía. 

Se trata de un instrumento de disciplina presupuestaria que pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto esté limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Montoro ha detallado que el primer paso para aplicar todas esas exigencias ha comenzado con una carta que él mismo ha enviado, en aplicación del artículo 25 de esa norma, instando a las comunidades incumplidoras a que hagan un acuerdo de no disponibilidad en su consejo de gobierno que garantice que los nuevos recursos que van a recibir este año no vayan a incrementar el gasto, sino que sirvan para financiar los que ya estaban realizado en 2015. No se trata de pedir a las autonomías que recorten, ha precisado, sino que no aumenten el gasto público. 

Así, respecto a las comunidades incumplidoras que recibieron fondos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2015 y que aprobaron, por lo tanto, un plan de ajuste, habrá una exigencia de que aprueben un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciben se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto. Habrá también condiciones adicionales para las comunidades adheridas al FLA de 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, de manera que tendrán que incorporar la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través del sistema de factura electrónica, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores. 

Se activarán asimismo medidas preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las administraciones públicas, para garantizar que reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales. A las comunidades incumplidoras se les pedirá el correspondiente plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente corregir la desviación detectada. Además, se efectuará una especial vigilancia de la ejecución del presupuesto 2016. Y se adoptarán otras medidas adicionales para reforzar el marco institucional de la disciplina presupuestaria, como la publicación de los planes de ajuste de las autonomías, de la información sobre la ejecución de la regla de gasto y su cálculo, y de los requerimientos por incumplimiento de la normativa de suministro de información. 

Montoro ha señalado que con todas estas iniciativas se persigue cumplir las recomendación de la Comisión de 9 de marzo, que prescribió que España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. Con esta respuesta de urgencia se quieren evitar posibles sanciones que podrían imponerse en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto España. Con ellas se pretende un mayor control del gasto de las CCAA incumplidoras de sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, a fin de por estas se corrijan los incumplimientos, y se evite que continúen durante la ejecución presupuestaria de 2016. En cuanto a la cifra de un déficit del 4,5% del PIB que dio Rajoy el pasado 11 de febrero (cinco décimas menos de lo que se ha confirmado), Montoro ha recalcado que hacía una "referencia genérica" al hecho de que se haya reducido el déficit a la mitad desde que comenzó la legislatura (9,1% del PIB en 2011).

La Comisión Europea (CE), a la que España deberá enviar antes de finales de abril el Programa de Estabilidad, ha dicho que se han confirmado sus temores sobre el desvío, pero ha aplaudido las medidas anunciadas para contener el gasto de las regiones. En todo caso, la Comisión hará "una evaluación completa de la situación presupuestaria de España en mayo", una vez que la oficina estadística comunitaria, Eurostat, publique los datos definitivos del déficit de los Estados miembros a finales de abril.