Que la flexibilidad inquiete no implica que siempre sea mala. Es con flexibilidad como salvan los muebles las fábricas de automóviles o como logran educar a sus hijos profesionales hechos y derechos. El Consejo Europeo ha brindado la posibilidad de revisar la Directiva de Tiempo de Trabajo, aprobada en 2003, para adaptarla a los tiempos cambiantes. El Parlamento Europeo le ha devuelto la propuesta por miedo a una especie de esclavismo camuflado. Ésta es la cláusula más polémica de la reforma provisionalmente frustrada: empresario y empleado podrán acordar la prolongación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales.

El texto rechazado en Estrasburgo encierra matices. Uno. El límite máximo por defecto sigue siendo de 48 horas a la semana. Dos. Para cambiar la pauta se exige una ley nacional que lo permita y el consentimiento por escrito del trabajador, válido durante un año. Tres. El trabajador no puede verse perjudicado si se niega o se retracta [puede hacerlo durante los tres meses siguientes a la firma de la autorización o, en cualquier caso, con un preaviso de 90 días]. Cuatro. La extensión del horario sólo queda habilitada cuando la flexibilidad no pueda lograrse por otras vías. Cinco. Los Estados asumen tres deberes: información, control y sanción de las conductas contrarias a este decálogo.

Es curioso que todo un sindicalista como José María Fidalgo se saliera del tiesto y aclarase en un artículo firmado en septiembre que la Directiva es en realidad un avance. Llama también la atención que nadie en la CEOE opinara ayer sobre el tema. El Gobierno ya dejó claro que repudiaba la idea. Incluso el PP le ha respaldado. Habrá que concluir que alguna trampa encierra la norma. O tal vez la trampa sea la propia mentalidad latina, acostumbrada a las líneas rectas, a los horizontes planos; reacia a la versatilidad cuando las circunstancias lo requieren. Adaptarse al medio es competitivo. Y esto también vale para las compañías. Pidan ahora, premien cuando se recuperen.