El Gobierno ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), entre cuyas novedades figura la introducción de un canon anual por parte de la Administración a las empresas de autobuses que exploten líneas regulares. Asimismo, se limita a 10 años el plazo máximo por el que se concede la explotación de una ruta de transporte público frente al actual que oscila entre 50 y 90 años, anunció la titular de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según la ministra, el objetivo de la reforma de la LOTT es mejorar la competitividad y eficiencia empresarial en el sector y lograr una optimización de los servicios públicos del transporte de viajeros por carretera. Al mismo tiempo se trata de incrementar la transparencia para los usuarios de las líneas regulares de viajeros por autobús, gestionadas mediante concesiones, ya que podrán conocer en todo momento las condiciones y tarifas del servicio que van a utilizar. En opinión de la ministra, la nueva ley era muy necesaria porque la actual, que data de 1987, se ha quedado obsoleta al introducir rigideces y, además, había que adaptar hasta cuatro reglamentos comunitarios.

En cuanto al canon, se establecerá en los pliegos de concesiones y será uno de los elementos para la adjudicación, lo que permitirá más eficiencia, ya que a mayor volumen de recaudación de recursos, podrá haber un retorno en términos de canon. No obstante, en ningún caso va a subir el precio del billete, ya que el Gobierno se reserva la fijación de tarifas máximas, lo que garantiza que los precios sean razonables, subrayó. Hasta ahora, en cambio, existía la posibilidad de que la Administración pudiera establecer tarifas mínimas, intervencionismo que, para la ministra, no tenía ningún sentido, pero que estaba en la ley.

Por otro lado, en la situación actual, se permiten revisiones extraordinarias de precios y, en la nueva ley, se harán revisiones individualizadas sólo cuando se produzca un desequilibrio económico de la concesión. Pastor recordó que, en el segmento de transporte de viajeros, hay más de 42.000 vehículos autorizados en España, de los cuales más de 41.000 para servicio público, y que, actualmente, operan 3.625 empresas y existen 101 concesiones de líneas regulares. Recordó que este año se está renovando la concesión a quince empresas y, en 2013, se renovará a otras 47.

Pastor detalló que en la nueva ley se mantiene el principio de exclusividad, lo que significa que el Estado va a concesionar las líneas que transcurren entre varias comunidades autónomas y son de interés público y que atienden a 3.330 poblaciones. El número de vehículos, la mayoría autocares, asciende a 1.284 y han transportado a más 36 millones de pasajeros al año, agregó. La nueva ley prevé también la posibilidad de realizar transporte escolar y de trabajadores de forma combinada, lo que significa que una concesión de transporte escolar no impide a una empresa realizar otro tipo de transporte público.

El nuevo texto normativo busca, asimismo, incrementar la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado del transporte por carretera. En la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación del mismo. Con la modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.

Además se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o comunidades autónomas) a través de internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros.