El registro realizado el miércoles por decenas y decenas de inspectores de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -no menos de 40, como avanzó ayer este periódico- en la sede de la patronal bodeguera Fedejerez y las principales firmas bodegueras del Marco es sólo el primer paso en la investigación abierta por el organismo dependiente del Ministerio de Economía ante las "sospechas" de supuestas prácticas contrarias a la libre competencia en el sector.

La CNC emitió ayer un comunicado a través de su página web -www.cncompetencia.es- en el que anuncia el inicio de una investigación por un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del vino fino de Jerez, actuación que entronca con la decisión de incoar expediente sancionador a siete de las principales bodegas del Marco y a Fedejerez, cuyas sedes fueron objeto del minuicioso registro simultáneo llevado a cabo por los inspectores del organismo estatal el miércoles.

El antiguo Tribunal de la Competencia informa que, junto a la patronal bodeguera, las sospechas por supuestas prácticas anticompetitivas que han motivado la apertura del expediente sancionador S/0091/08 Vino se extienden sobre Williams & Humbert, González Byass, Emilio Lustau, complejo bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos (Garvey), José Estévez y Antonio Barbardillo.

En su nota informativa, Competencia explica que la investigación de los cárteles de precio y reparto de mercado constituyen una prioridad para el ente dependiente de Economía y Hacienda por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores, si bien puntualiza que tanto las inspecciones como la apertura del expediente sancionador no prejuzgan el resultado final, es decir, no implica necesariamente que concluya en sanción.

En cuanto a los registros simultáneos efectuados en las bodegas y la sede de Fedejerez, en los que como anticipó este diario se intervino diversa documentación sobre la que se mantiene absoluta confidencialidad, el organismo estatal señala que el objeto de las inspecciones es verificar si las empresas implicadas han incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia a través del establecimiento de acuerdos para repartirse el mercado y la fijación, directa o indirectamente, de precios, condiciones comerciales o de servicio.

Aunque en la nota oficial únicamente se alude a supuestas prácticas restrictivas en el mercado del vino fino, fuentes del sector apuntaron ayer que en el fondo de la investigación reside la guerra de precios de las marcas blancas que enfrenta a las bodegas del Marco y a los contactos que, al parecer, habrían mantenido distintas firmas bodegueras para rescatar lo que en su día se llamó la mesa del BOB.

En su nota informativa, Competencia explica que la investigación de los cárteles de precio y reparto de mercado constituyen una prioridad para el ente dependiente de Economía por la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores. En caso de que finalmente se desmuestre, las bodegas bajo sospecha podrían enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio en el ejercicio anterior al de la resolución.