Competencia expedienta al sector de la estiba en Vigo por pactos ilegales

  • El regulador actúa contra sindicatos y empresas en medio del conflicto por la reforma del Gobierno

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en Sevilla con estibadores del puerto de Algeciras. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en Sevilla con estibadores del puerto de Algeciras.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en Sevilla con estibadores del puerto de Algeciras. / josé manuel vidal / efe

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra sindicatos y empresas de estiba que operan en el Puerto de Vigo por firmar y poner en práctica desde hace veinte años pactos sobre las labores de estiba que "desbordarían el ámbito propio" de dichos trabajos.

El superregulador abre el expediente a partir de una denuncia de la Autoridad Portuaria de Vigo y coincidiendo con el conflicto abierto a escala estatal por la reforma del sector de la estiba emprendida por el Gobierno.

En concreto, el expediente se incoa contra los sindicatos UGT, CC.OO y Confederación Intersindical Galega (CIG), y contra las empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima. El sector de la estiba, la carga y descarga de barcos constituye por su carácter de monopolio una de las viejas batallas de los distintos órganos de competencia de España.

En la última década, las autoridades de competencia han impuesto distintas sanciones a este colectivo y el expediente abierto ayer, que puede acarrear también una multa, no será previsiblemente el último, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. En 2009, la entonces Comisión Nacional de Competencia (CNC) impuso su mayor multa al sector por un importe de un millón de euros por establecer acuerdos que limitaban la competencia. En concreto, multó a la patronal Anesco con 901.518 euros, a la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, con 168.000 euros, y a los sindicatos CIG y LAB con 3.900 euros y 3.000 euros, respectivamente.

En el capítulo de reacciones, Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT advirtieron de que el expediente supone "echar gasolina al fuego" del conflicto de la estiba y criticaron el momento elegido por Competencia.

Por parte del Gobierno, y en relación con lel conflicto en sí, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, insistió en que el real decreto elaborado por el Gobierno "se ajusta" a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Y relegó a la negociación colectiva entre empresas y sindicatos una posible solución. Este mecanismo, dijo, "da mucho margen" para tratar de resolver "muchas de las cuestiones que preocupan a los estibadores".

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, quien apeló a la responsabilidad de los Grupos Parlamentarios para sacar adelante la reforma de la estiba cuando ésta sea llevada a la Cámara Baja para su convalidación, previa aprobación del Consejo de Ministros. La mayoría de los partidos -entre ellos PSOE, Ciudadanos y Podemos- ya han manifestado que no aprobarán ninguna norma del Gobierno si no viene precedida por un acuerdo en el sector de la estiba.

La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, trasladó ayer a los trabajadores de la estiba que estará "vigilante para que haya diálogo y acuerdo". "Cuando se quiere, se puede hablar", sostuvo, tras mantener una reunión informal con los trabajadores del puerto de Algeciras en el Parlamento andaluz.

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