El antepalco de El Arcángel acogió anoche una junta general extraordinaria de accionistas en la que se adoptaron las medidas oportunas para fijar un nuevo capital social del Córdoba en función de las directrices del Consejo Superior de Deportes (CSD). De esta forma se espantan todos los fantasmas de un hipotético descenso administrativo a final de temporada.

Rafael Campanero estuvo reunido con sus consejeros por la tarde. A eso de las 20.00, el presidente encabezó una junta anodina, sin expectación -apenas se dieron cita 30 personas-, en la que el gran protagonista fue el vicepresidente económico. Fernando Peña explicó las claves de unos acuerdos que fueron aprobados por unanimidad y dejan sin efecto los adoptados en la asamblea de diciembre.

El orden del día se cumplió a rajatabla: anulación del acuerdo de aportación por compensación de créditos, realización de una nueva ampliación de capital, aportación dineraria del máximo accionista (Prasa) para compensar las pérdidas y modificación de los estatutos para dar legalidad al proceso.

Los números cifran una ampliación de capital de 1.100.000 euros, mediante la suscripción de nuevas acciones -Prasa se hará cargo de todo para evitar que el asunto se dilate-, y una aportación directa de 2.784.793,54 euros para restablecer el equilibrio patrimonial. José Romero, dueño de Prasa, sigue rascándose el bolsillo para cuadrar las cuentas de una sociedad deficitaria, pese al propósito de enmienda abanderado por Campanero.

Peña aclaró que "cuando volvimos a la LFP, la ley decía que el Consejo Superior de Deportes nos tenía que fijar un nuevo capital social mínimo por haber estado dos años o más en Segunda B y porque el patrimonio neto era negativo (las pérdidas eran de 4.400.000 euros). Nos pusimos en contacto con el CSD y calculamos el capital social que nos iban a pedir". Sin embargo, el plan ha sido alterado sobre la marcha, ya que "era tan fácil como devolver el dinero de un crédito a Prasa y un minuto después ponerlo como capital. Es lo absurdo de la norma, pero no podemos discutir. El CSD nos dijo que nos explicaba cómo teníamos que hacerlo, y que si en julio no habíamos cumplido con lo que decían, automáticamente era un descenso administrativo, sin derecho a réplica". Más vale prevenir que curar.