Durante el almuerzo navideño con la plantilla y el cuerpo técnico, celebrado entre Navidad y Año Nuevo y, por lo tanto, una vez cerrado el contrato de arras entre Carlos González (Azaveco SL) y Jesús León y Luis Oliver (Aglomerados Córdoba SL) -con fecha 20 de diciembre, horas antes del choque liguero ante el Reus que el montoreño vio en el palco de autoridades-, el todavía propietario deslizó algún mensaje sobre su probable regreso a la dirección del Córdoba el próximo verano. Ya entonces, cuando nadie podía pensar en un desenlace interrumpido, el máximo accionista blanquiverde mostraba así sus dudas respecto a una negociación que dio por cerrada unilateralmente el pasado viernes, alegando irregularidades en las obligaciones de la parte compradora y, sobre todo, señalando a la figura de Oliver como excusa principal para no culminar el proceso de compraventa. Pero el recelo es mucho mayor, sin duda, y viene de antes.

Y eso termina por dibujar un escenario en el que parece que al final la voluntad de Carlos González de vender su paquete accionarial no es tal. Al menos atendiendo a lo ocurrido durante la pasada semana, cuando frenó la firma de escritura pública en el último momento, tras conocer las faltas de forma de Aglomerados que luego hizo públicas, para a continuación pedir el pago al contado de los 8,5 millones de euros o bajo el aval personal de León, que aceptó pero alargando los plazos más allá del próximo 1 de julio. Unas condiciones que sin tiempo para ser estudiadas fueron enterradas directamente el viernes, cuando el propietario dio por cerrado "el vodevil" blanquiverde al menos hasta el próximo verano... siempre que Oliver, el argumento primario, no esté dentro del trato.

González se guardaba un 10% de una futura plusvalía y un derecho de adquisición preferente

Pero también dejando una puerta abierta a León que el de Montoro está dispuesto a aprovechar. De hecho, su firme intención es exprimir todas sus opciones hasta el próximo lunes. Ese es el día está fijada en su primera convocatoria -un día más tarde sería la segunda y última- la Junta General Extraordinaria que debiera suponer el cambio del consejo de administración, lo que podría ocurrir sin necesidad de venta. Pero también la fecha tope dada, vía burofax, por la parte compradora para finiquitar el acuerdo en una notaría de Madrid antes de emprender acciones judiciales por incumplimiento del contrato de arras. Hasta entonces, y como viene ocurriendo en los últimos días -y antes, porque su relación es cordial-, los contactos entre las partes siguen abiertos, aunque con una solución que con estos actores en juego parece impredecible.

De momento, la falta de reacción del equipo, la sentencia judicial conocida ayer en favor de Tremón que podría dejar en algo más de un mes al CCF sin campos de entrenamiento y el creciente enfado entre la afición sólo son motivos para pensar que, efectivamente, la mejor solución es la venta. Una transacción que en sus documentos esconde varios puntos destacados. Por un lado, en su Pacto Segundo, recoge que Azaveco se guarda un 10% de una futura plusvalía en caso de trasmisión de acciones por parte de Aglomerados, es decir, que cobraría ese porcentaje de la diferencia entre el valor de la futura venta menos los 8,5 pagados ahora. Todo con un plazo de sólo cinco días. Por otro, en su Pacto Tercero, también refleja el derecho de adquisición preferente por parte de la sociedad actual en caso de enajenación (es decir, venta, donación o cesión) de acciones de manera onerosa o gratuita. En definitiva, un escenario con múltiples dudas, aunque la principal haya señalado a Oliver.