Las víctimas cordobesas del 11-M van a recibir casi cuatro millones de euros

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Los cinco ciudadanos naturales de Córdoba que el 11 de marzo de 2004 fueron alcanzados por los explosivos instalados en los trenes de Madrid recibirán indemnizaciones que alcanzan los cuatro millones de euros. Los islamistas radicales que aquel trágico día le arrebataron la vida a casi 200 personas expandieron una onda de desolación por toda España, que también llegó a los municipios de Guadalcázar, La Carlota, Fernán Núñez, Palma del Río y Pedroche. Las tres primeras localidades registraron víctimas mortales, para cuyos familiares la sentencia del 11-M cuantifica indemnizaciones de 900.000 euros. El juez Javier Gómez Bermúdez fija una cuantía total de 3,7 millones de euros para los damnificados.

Juan Muñoz Lara, natural de Guadalcázar y residente en la capital de España desde hacía tres décadas, perdió la vida a los 32 años como consecuencia de la deflagración. Alrededor de las 06.00 del día siguiente a la barbarie, la familia más directa de la víctima recibía la noticia en el municipio cordobés. El fallecido residía en la capital de España junto a sus dos hermanos y su padre. Aunque natural de Córdoba -donde volvía con frecuencia-, las circunstancias económicas provocaron la emigración de esta familia del municipio de la Vega a la capital de España en los 70. En Madrid, el padre de Juan Muñoz trabajaba como portero, y allí se criaron él y sus dos hermanos, que cuando se produjeron los atentados contaban con 31y 26 años.

El atentado se llevó la vida de este cordobés cuando volvía a casa. Lo acompañaba su pareja, cuyo cuerpo tardó en ser identificado. Habían pasado todo el día fuera, porque la noche anterior acudieron a un partido de fútbol. Sobre las 08.00, los terroristas terminaron con todas las esperanzas que un brutal accidente de tráfico no le había logrado arrebatar el otoño anterior. La sentencia del tribunal que preside el juez Gómez Bermúdez condena a los terroristas a indemnizar a la familia con 900.000 euros.

La misma cantidad deberán recibir los allegados de Francisco José Narváez de la Rosa, un carloteño que fue asesinado a los 28 años. El joven cogió uno de los trenes siniestrados en la estación del Pozo del Tío Raimundo, como otras tantas ocasiones, para trasladarse a su trabajo en una empresa de seguros de la capital.

María Victoria León Moyano, natural de Encinas Reales, también falleció en los atentados. El magistrado Javier Gómez Bermúdez fija en su resolución otros 900.000 euros para esta joven de 28 años, que residía en Getafe desde hace dos décadas. Según informaron los allegados en su momento, aquel día fatídico la víctima dudó entre coger su coche o utilizar el tren para desplazarse a la sucursal bancaria donde trabajaba. La joven optó por lo segundo, sin saber que esa decisión le traería la muerte. A tan sólo dos minutos de su destino, el apeadero de El Pozo, la explosión de los artefactos de los islamistas le arrebató la vida.

Manuela Marta Cantador Escribano, natural de Pedroche, viajaba en el tren que aquel día explotó en la estación de El Pozo del Tío Raimundo. La mujer resultó con heridas muy graves, hasta el punto de que el tribunal del 11-M la incluye en el grupo número 12 de lesionados, el que aglutina a las víctimas con más daños. La sentencia recoge que Cantador Escribano requirió para su curación un total de 502 días, de los que 82 tuvo que permanecer hospitalizada. En total, estuvo impedida 420 días y le han quedado grandes secuelas: amputación de la pierna izquierda, problemas de encaje de prótesis por quemaduras del muñón e hipoacusia. La víctima sufre, además, un trastorno por estrés postraumático, depresión y grave perjuicio estético. Esta pedrocheña, que cuando ocurrió el atentado llevaba más de 20 años residiendo en Madrid, está casada y tiene tres hijos. Como cada mañana, se dirigía a su trabajo, en un restaurante.

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