Ni una vez más

  • IU olvida su criterio histórico y apela ahora a la independencia judicial

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"Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros". La frase, atribuible a Marx (Groucho), puede aplicarse a la actual situación que se barrunta sobre la posición de IU en torno a la comisión de investigación reclamada para indagar las responsabilidades no penales del caso Torreblanca. Ese gran hermano terrible que es Google, toda una muleta de la memoria, permite saber cuál ha sido la posición histórica de IU cuando de deslindar la responsabilidad política de la penal se trataba, dónde se encontraba la frontera entre una y otra y qué margen de actuación existe entre ambas para el trabajo de los políticos.

Sorprende la reacción de la alcaldesa -gran defensora de aquella postura guerrillera en los tiempos del felipismo- sobre esta comisión de investigación del caso Torreblanca. En el anterior mandato, cuando el PP propuso celebrar el grupo especial de trabajo sobre Urbanismo, fue Aguilar quien decidió aceptar el envite tal y como venía la bola con el argumento de que su partido tenía una gestión sin tacha. El PP se cebó con ella cuando decidió no comparecer ante la comisión de investigación que ella misma había votado.

Ayer, los tres voceros de IU -Rosa Aguilar, Francisco Tejada y Andrés Ocaña- apelaron a la independencia del Ministerio Fiscal para dejarle trabajar en libertad sin la interferencia de una indagatoria municipal. Durante la anterior comisión de investigación, no es que hubiera casos en manos de la Fiscalía. Es que existía, al menos, un sumario en manos de un juzgado, en trámite de instrucción y con al menos dos personas ajenas a la institución municipal a las que se le pedían penas de cárcel. Ello no fue óbice para que el asunto no fuese abordado durante las sesiones de trabajo de los ediles.

De aquella experiencia, IU ha salido con otra visión de las cosas. Ya sabe que, sean cual sean las conclusiones (que pueden ser pactadas), el desgaste de semanas de exposición mediática es terrible. Una comisión de investigación puede no servir para gran cosa pero llena minutos en los medos de comunicación.

Además, existe un hecho que modifica radicalmente los planteamientos en uno y otro caso. Y tanto el gobierno como la oposición es consciente de ello. Según la legislación vigente, la jefatura y supervisión del cuerpo de la Policía Local constituye una competencia que en última instancia corresponde a la cúspide de la estructura municipal, esto es, el alcalde o la alcaldesa de cada ciudad sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en manos del edil de Seguridad. El matiz es el que el PSOE tiene ahora, dentro del gobierno, una posición decisoria sobre qué hacer llegadas las circunstancias propicias.

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