Córdoba

La resolución del contrato del centro de convenciones se atasca en el Consultivo

  • El órgano andaluz ha detectado algunas complicaciones en los documentos remitidos por el Ayuntamiento

  • La suspensión de tres meses aprobada para el expediente ya se ha cumplido

Interior del centro de convenciones, el pasado mes de agosto.

Interior del centro de convenciones, el pasado mes de agosto. / josé martínez

El fin al culebrón del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) parece que no llega. La resolución del contrato, el paso previo necesario para poder retomar las obras, sigue dependiendo del dictamen del Consejo Consultivo, donde parece que se ha atascado tras detectarse algunas complicaciones. De hecho, se esperaba que el informe del órgano andaluz estuviera listo en un plazo de un mes; sin embargo el pronunciamiento aún no ha llegado pese a que se solicitó a finales de junio. Tan es así que la propia junta de gobierno local acordó suspender el plazo máximo que se dio para resolver el contrato de centro ferias del Parque Joyero hasta que dictamine el Consejo Consultivo, un documento en el que asegura que esa suspensión no excedería "en ningún caso los tres meses". Pues el plazo ya se ha pasado y el informe -preceptivo pero no vinculante- aún no ha llegado.

¿Qué ha pasado para que todavía no haya un pronunciamiento? Las fuentes municipales consultadas aseguran que el Consejo Consultivo ha detectado algunas irregularidades en el expediente y que, de hecho, esto podría conllevar que el órgano pida incluso el reinicio del proceso. Las mismas fuentes apuntan a que hay cierta confusión en el desarrollo del trámite administrativo y que puede considerarse incluso que el expediente haya caducado, un escenario que implicaría que el Consultivo rechazara la resolución del contrato y tuviera que reiniciarse todo de nuevo. ¿Qué supondría este dictamen? En términos de plazos, vuelta a empezar o, lo que es lo mismo, un mínimo de seis meses para conseguir cerrar la relación con la empresa y poder retomar de nuevo las obras. En términos políticos, cierto descrédito si se confirma que la documentación cuenta con errores de forma que puedan dar al traste con el proceso.

El Consejo Consultivo, según las mismas fuentes consultadas, ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y, de hecho, el presidente del órgano y la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, van a mantener una reunión esta misma semana para tratar el asunto. El expediente está aún en los servicios jurídicos del Consejo Consultivo y aún no ha pasado por la comisión permanente, algo que se esperaba para el mes de septiembre pero que aún no se ha producido.

La postura del Consultivo, aunque no es vinculante, es decisiva en el caso de que el asunto derive en los tribunales, ya que los jueces tendrán muy en cuenta ese dictamen. Así, si se refrenda la labor del Ayuntamiento será más que probable que se gane la batalla judicial y al contrario. No obstante, esto se enmarcaría en un segundo escenario mientras que el primero y principal es poder resolver el contrato para reiniciar las obras, paralizadas desde hace aproximadamente un año.

La suspensión de los trabajos -la constructora, UCOP, prácticamente abandonó el edificio del Parque Joyero- ha tenido sus consecuencias lógicas en el estado del edificio. Así, un informe elaborado por los arquitectos del proyecto, Javier Terrados y Fernando Suárez, fechado el pasado 2 de agosto se apunta que "se hace constar que el grado de abandono a que está sometida la obra hace redundar en su deterioro progresivo". El informe elaborado por los arquitectos recoge que "en la mañana del día 2 de agosto de 2017 se gira visita a la obra" por parte de los arquitectos, asegura el documento, que constatan que "la oficina de obra se encuentra clausurada" y que la obra "sigue sin actividad ninguna, completamente cerrada y sin ningún tipo de personal dependiente de la empresa constructora. Es imposible por tanto disponer del libro de órdenes o el libro de incidencias", añade.

El Ayuntamiento, tras iniciar el proceso de resolución del contrato, remitió a la empresa un informe de daños y perjuicios causados a la Administración que alcanzan los 2,4 millones de euros. El informe, que firma la responsable del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, detalla que esos 2,4 millones de euros "son daños y perjuicios objetivamente cuantificables al momento del inicio de resolución del contrato, sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento, pero que perjudicarán de igual forma a la Administración y que se propone que sean requeridos al contratista en el momento en el que se vayan produciendo". La empresa, que pidió una ampliación del plazo para presentar alegaciones, finalmente ha emitido sus propias conclusiones, con las que no está de acuerdo con el Ayuntamiento. Sus pronunciamientos fueron rechazados y por eso el asunto ha llegado al Consultivo.

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