El referéndum de independencia de Cataluña de hoy no será un referéndum en sí, incluso en el caso de que se pueda votar en algunos colegios: ni hay mesas legalmente constituidas ni hay una junta electoral conocida para verificar los resultados ni hay un operativo de escrutinio. La Guardia Civil tiene ocupado el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, ante la sospecha de que este organismo iba a ser el encargado de reunir y tratar los datos que se envíen desde los distintos colegios. No es un referéndum, pero es un tremendo pulso de la Generalitat al Estado, el Gobierno catalán del presidente Carles Puigdemont es un Gobierno insurrecto que está llamando a los ciudadanos a salir hoy a las calles a intentar vencer a las leyes constitucionales y a las fuerzas de seguridad del Estado. El vicepresidente Oriol Junqueras, que en los últimos días se ha dedicado a proclamar su "amor" a España, a sus pueblos y a su lengua, ha pedido la colaboración de todo el país para votar y, así, derribar al Gobierno de Rajoy. Y es que las fuerzas separatistas, ERC, PDeCAT y la CUP, acuden al día de hoy unidos, pero con objetivos muy diferentes.

Junqueras quiere erosionar a Rajoy, quien se ha comprometido a que no habrá urnas, para después negociar con otro Ejecutivo una salida catalana; el PDeCAT es un partido moribundo que ha arrastrado a las clases medias y altas catalanistas a una estrategia impropia de la cautelosa burguesía, y los radicales de la CUP desean un choque brutal y proclamar en horas la república catalana. Su diputada Mireia Boya advirtió el viernes por la noche a los comunes: "Roma no paga traidores". Y bajo la nominación de comunes se pueden agrupar a los partidarios de la alcaldesa Ada Colau y a los seguidores de Pablo Iglesias que han jugado con dos barajas: azuzar a los separatistas contra Rajoy sin inmiscuirse en la ilegalidad para recoger votos en las próximas elecciones generales y autonómicas. Colau ha explicado que irá a votar, y que lo hará en blanco.

A falta de un escrutinio transparente, Junqueras afirma que sabrán interpretar los resultados

Barcelona vive este fin de semana con absoluta normalidad, viene siendo así desde estos últimos días, a pesar de las multitudinarias manifestaciones que ha vivido a favor del referéndum. En las calles, en los bares y en los comercios no se aprecia la tensión, aunque el procés ha dejado fracturada a la sociedad catalana en dos partes muy igualadas. Ayer sorprendió una manifestación en defensa de la unidad de España que se celebró en el centro de Barcelona. Los helicópteros sobrevuelan la ciudad de modo incesante, en el puerto hay tres cruceros llenos de guardias civiles y policías nacionales, pero la presencia de estas fuerzas es escasa, por no decir casi invisible, en la capital mediterránea. Lo que se teme, por tanto, es que hoy se produzcan disturbios buscados por los más extremistas o que las situaciones de tensión que se van a vivir con las fuerzas de seguridad deriven en escenas que perjudiquen la imagen internacional de España. Hay temor, tanto a estallidos de violencia, aunque sean aislados, como a las imágenes de urnas y colegios llenos que supongan un duro varapalo a la autoridad del Estado.

Los principales problemas se esperan en los centros electorales que llevan ocupados desde el viernes por la tarde. Son colegios públicos, también algunos centros de salud, que están llenos de padres y alumnos, en su mayor parte de corta edad. Van a pasar esta noche allí, y cuando a las seis de la mañana lleguen los mossos a desalojarlos, no se irán, mostrarán una resistencia pasiva. La Policía autonómica ha detectado 162 edificios ocupados de los 1.300 que han visitado sus agentes, aunque la Generalitat cuenta con abrir 2.316 en todos los municipios de la comunidad. Los mossos van cada tres horas a los colegios, informan, advierten y se aseguran que no hay urnas ni preparativos, pero la orden de desalojo es para las seis de la mañana, tres horas antes de que se haya llamado a votar.

La actitud de la dirección de los Mossos, liderada por Josep Lluís Trapero, es cuanto menos dudosa. En las instrucciones que ha dado a los agentes se subraya que no se debe hacer uso de la fuerza (armas) ante quienes se resistan a salir o a entrar, y si no pueden impedir el voto, tendrán que comunicarlo al centro regional que coordina el dispositivo. Éste es el que está dirigido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el mando nombrado por el Ministerio del Interior. Será a él a quien corresponda enviar a guardias o policías a los centros y dar las instrucciones para afrontar este desafío. El presidente Mariano Rajoy se ha comprometido a que esta vez no sucederá como el 9 de noviembre de 2014, cuando sí hubo urnas y votación en un referéndum que derivó en consulta permitida. "No habrá referéndum", es la frase que más se le ha oído a un presidente que afronta las horas más decisivas de España desde el intento de golpe de Estado del 23-F.

Muchos de los padres que están encerrados cuentan con el asesoramiento legal de un despacho de abogados de Barcelona, que les están indicando cómo no caer en los delitos en los que pueden incurrir durante el día de hoy. Los tipos van desde la desobediencia a la sedición, en caso de llamadas públicas al tumulto. Para que haya rebelión se debe producir el empleo de la violencia, sea física o mediante otros hechos coercitivos. Estos padres se han venido organizando bajo el nombre de Escuelas Abiertas, pero también hay formados los comités de defensa del referéndum, más ligados a la CUP.

La instrucción judicial contra la consulta está dirigida por una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ella es quien ha tramitado la denuncia de la Fiscalía contra miembros del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación. En su auto "aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado". Por tanto, hoy tendrán que colaborar, y auxiliarse, los guardias, policías, mossos y agentes municipales. En los días posteriores se verán de qué delitos se acusa al presidente Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junquera y a otros consejeros y miembros del Parlamento, ya que se han desobedecido los requerimientos del Constitucional y han seguido en una actitud desafiante, pero pueril, con todos los preparativos del referéndum.

Ningún miembro del Govern ha querido señalar una cifra de participación a partir de la cual darán por válido el referéndum. Es casi lo mismo. Junqueras ya ha proclamado que será "legítimo" pase lo que pase. En una entrevista publicada en El Periódico deja muy claras sus intenciones al asegurar que sabrán "interpretar" la voluntad del pueblo catalán. No será siquiera necesarias las urnas, bastará que haya miles de personas en las calles para que den el siguiente paso. ¿Cuál? Aunque hay discrepancias en el Govern, es probable que el Parlament declare la independencia la semana próxima tras una oferta de dialogo al Gobierno central.

Las grandes incertidumbres planean, por tanto, en los primeros días de la semana próxima. La ley del referéndum, anulada por el Constitucional pero vigente para la Generalitat, indica que el Parlament proclamará la república de Cataluña a las 48 horas de conocidos los datos, es decir, el martes o el miércoles. Si fuese así, el Gobierno central tendrá que actuar a otro nivel y con mayor firmeza. Se vería obligado a destituir a Puigdemont y a sus consejeros, para lo que se podría valer del artículo 155 de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional.