La salida negociada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a las polémicas naves de Colecor, levantadas de manera irregular por el empresario Rafael Gómez, marcará un punto de inflexión en el futuro de las parcelaciones. Así lo interpretaron ayer los portavoces de varios núcleos de viviendas sin licencia, que exigieron que continúe la "voluntad política" para poner fin a un problema enraizado desde hace décadas y, por otra parte, manifestaron su malestar por la "diferencia de trato" de las administraciones ante los problemas urbanísticos.

"Nos sentimos frustrados por que se nos trate de diferente manera", se expresó el presidente de La Gorgoja II, Antonio Fernández, una parcelación incluida en la zona Bien de Interés Cultural (BIC) por su proximidad a las ruinas de Medina Azahara. "Llevamos más de 15 años esperando una solución política que no llega, y eso es injusto", añadió. Junto con sus vecinos de Las Pitas y de Córdoba la Vieja, los residentes de La Gorgoja II organizaron hace un año un calendario de movilizaciones para exigir a la Junta y al Ayuntamiento infraestructuras básicas para la zona, pero el peregrinaje con pancartas hasta la ciudad palatina no precipitó una solución, lo que -interpretaron- supone un agravio comparativo: "Vemos que se encuentran soluciones para otras zonas próximas a Medina Azahara, y sin embargo no se les ha iniciado un decreto de expropiación como a nosotros".

El portavoz vecinal se refirió así a la medida tomada por la Administración autonómica para frenar las construcciones irregulares en el entorno del monumento califal. Junto a la adquisición de terrenos, la Junta y el Ayuntamiento abrieron una oficina de información urbanística en la zona, una iniciativa que, según el presidente de Córdoba la Vieja, Antonio Ramos, "no ha servido para nada". "Todavía no nos han llamado", aseguró.

Este dirigente vecinal, no obstante, interpretó que la solución a las naves de Colecor supone que "se abre una puerta" a una posible respuesta al problema de los vecinos por parte de las administraciones. "Lo hecho, hecho está. El argumento de que causamos impacto visual se viene abajo, porque la zona industrial aprobada al otro lado de la carretera está a 30 metros de nosotros", subrayó. "A veces parece una chulería más que otra cosa las decisiones que toman", dijo Ramos. La asociación Córdoba la Vieja anunció que pedirá formalmente una entrevista con la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, para que le explique en primera persona el futuro de las parcelaciones del entorno de la carretera de Palma del Río, donde también se levantan las naves de Arenal 2000. El dirigente vecinal insistió en la idea de "retrotraer" la zona BIC para que las viviendas se queden fuera del área protegida.

"La única solución es la voluntad política", reflexionó el portavoz de la Gorgoja II, quien confió en que los responsables públicos "se siente por fin" con los propietarios de las casas. Fernández defendió la "sensibilidad" que muestran los vecinos con el medio ambiente y la ordenación del territorio: "Aquí nunca ha habido especulación con el suelo. Y pagamos impuestos rústicos porque la mayoría de las parcelas son pequeñas fincas dedicas a la agricultura", explicó. Fernández añadió que La Gorgoja II "puede encajar en armonía con Medina Azahara, mucho mejor que el polígono que está aprobado al otro lado de la carretera".

El problema de las parcelaciones no es exclusivo del entorno de la vía que lleva a Palma del Río. Junto al Aeropuerto también existe un numeroso vecindario levantado a espaldas de la Gerencia de Urbanismo. El presidente de la asociación La Altea, Julio Cortés, argumentó que el consenso sobre las naves de Arenal 2000 muestra que "existe una voluntad política cada vez mayor para reconducir la situación de las viviendas". Los vecinos de esta zona fueron unos de los más afectados por el desbordamiento del Guadalquivir el pasado invierno, un incidente que hizo que los residentes expusieran a la Gerencia de Urbanismo una propuesta para regularizar la zona, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dice que no se puede edificar por su carácter inundable.

Cortés insistió en que la idea de construir un "paseo fluvial" para contener las crecidas del Guadalquivir fue "bien recibida" por el Ayuntamiento, si bien achacó a la crisis económica una apuesta decidida por el proyecto. "El Consistorio nos ha animado a seguir adelante con la iniciativa, pero falta dinero", dijo Cortés, quien reclamó al Gobierno central, la Junta, el Ayuntamiento y los organismos europeos que se "pongan de acuerdo" para liberar dinero. El presidente de La Altea dijo que los organismos públicos ya han apostado por la construcción de un paseo fluvial en Montoro, un proyecto que cuenta incluso con fondos europeos.