En diciembre de 2005, G. L. C. y C. A. H. compraron una parcela de 500 metros cuadrados con una vivienda ya levantada en Las Pitas. Los parcelistas, que invirtieron en la operación 18.000 euros, se sentaron ayer en el banquillo acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio: "En absoluto sabíamos que aquello estaba declarado Bien de Interés Cultural (BIC)", dijo la acusada, G. L. C., quien aseguró que el vendedor no les advirtió de los problemas de construir en aquel lugar.

"No se cuánto costaba una parcela de este tipo en otras zonas, pero por un piso de 140 metros nos pedían 300.000 ó 360.000 euros", justificó la procesada. El matrimonio llegó con el vendedor al acuerdo de "pagar ciertas deudas", por lo que aún mantienen una hipoteca que están pagando "poco a poco".

La mujer aseguró, además, que no acometieron obras antes de irse a vivir: "Para poner unas ventanas no se necesita licencia. Vi que todo estaba bien en el registro y compré mi casa. No entiendo por qué tenía que sorprendernos que las escrituras recogieran que aquel terreno era rústico", declaró a preguntas de la Fiscalía.

Los dos parcelistas se enfrentan a una pena de dos años de cárcel y al derribo de la construcción. C. A. H. confirmó la versión de su pareja y añadió que confiaban en que "se iba a legalizar porque estaba todo lleno de casas". "Hay farolas, teléfono, recogen la basura y estamos empadronados allí. Enfrente de las casas hay un bar, una herrería y cuatro o cinco naves", describió el procesado.

El vendedor, que fue detenido en dos ocasiones por la obra, declaró como testigo. Su versión fue contraria a la de los parcelistas: "Les dije todo lo que me había pasado, que era suelo rústico, que había ido a declarar a la Comisaría y que me habían paralizado la casa, pero pensamos que todos estos problemas se iban a resolver", aseguró.